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20 de julio de 2022

En Argentina, 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse sin una moratoria previsional

En la actualidad existen más de 1,5 millones de personas que están en edad de jubilarse pero no tienen los 30 años de aportes que exige la ley; la gran mayoría son mujeres, según datos oficiales procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En la Argentina hay más de 1,5 millones de personas que están en edad de jubilarse pero no tienen los 30 años de aportes que exige la ley para hacerlo, según los datos publicados por el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de Anses y procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). ¿Es por que no trabajaron lo suficiente a lo largo de su vida? Muy probablemente, no. Este escenario suele explicarse porque trabajaron en la informalidad, sin los aportes previsionales correspondientes, o que le dedicaron gran parte de su tiempo a tareas domésticas y de cuidado, sin remuneración en el mercado. Dos situaciones que exponen especialmente una situación de vulnerabilidad a las mujeres en edad de retiro.

Actualmente 9 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria tienen menos de 20 años de aportes y, por lo tanto, están todavía lejos de cumplir con una de las condiciones básicas para jubilarse. En los varones la brecha es menor, aunque también es amplia: 7 de cada 10 no acredita los años de aportes necesarios pese a tener edad de jubilarse (según la ley argentina, 65 para los varones, 60 para las mujeres).

De los más de 1,5 millones de personas en edad de jubilarse cerca de un millón (906.876) tiene algunos años de aportes, aunque no suficientes para iniciar el trámite. Más de medio millón (680.724) directamente no cuenta con aporte alguno para poder acceder a la prestación. El 77% de este último universo son mujeres, que siguen estando a cargo de la mayor parte de las tareas domésticas y tienen mayores índices de desempleo e informalidad.

Con el Congreso en pleno receso invernal, lo que le impide darle la media sanción restante al proyecto de ley, el presidente Alberto Fernández decidió prorrogar por decreto el esquema actual para acceder a la moratoria previsional, que tiene vigencia desde 2014 y finaliza el 23 de julio próximo. Esta moratoria está destinada a mujeres de entre 60 y 64 años y les permite acceder a una jubilación mientras que, en cuotas, van completando los aportes faltantes por trabajos realizados entre los años 1995 y 2003.

Las moratorias previsionales son el mecanismos que, desde el año 2005 a esta parte, le han permitido a millones de personas mayores acceder a una jubilación asún sin cumplir con los 30 años de aportes que exige la ley. De hecho, actualmente el porcentaje de jubilados por moratoria supera ampliamente al del resto. Si se analizan los últimos datos de marzo 2022, de los 5,2 millones de pagos en jubilaciones realizados, solo 1,8 millones (35%) fueron a trabajadores con más de 30 años de aportes.

Si se observa el conjunto del año 2021, el 64,8% de quienes accedieron a una jubilación lo hicieron a partir de una moratoria previsional que les permitió alcanzar el haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes. Si la moratoria no existiera, sólo se podría haber jubilado el 35% de las personas en edad de hacerlo.

De acuerdo con el informe de CEPA, cuando se analiza esta misma cuestión por categoría de empleo y considerando los datos de 2019, se percibe, por ejemplo, que en el caso del sector privado sólo la mitad de las personas trabajadoras se hubieran jubilado. Si se mira dentro del sector de trabajadoras de casas particulares, considerando a quienes tenían 30 años de aporte, solo se podrían haber jubilado 168 mujeres. Es decir, 1 de cada 100 empleadas de casas particulares se podría jubilar sin moratoria.

Según el informe de CEPA, la tesis de que las moratorias quiebran el sistema previsional no se sostienen en los datos. Muestra que entre 2005 y 2011 la expansión de las moratorias jubilatorias fue acompañada por una “sensible mejora” en cobertura del gasto previsional por aportes y contribuciones, derivada de la mejora de los salarios y un crecimiento del empleo formal. Es decir, la expansión de la cantidad de personas con acceso a la jubilación se dio al mismo tiempo que mejoró la cobertura del sistema previsional con aportes propios.

Esa dinámica no se sostuvo entre 2016 y 2019, “período en que se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores activos, el salario real y se promovió la reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible sobre el que no se paga”, de acuerdo con el documento.

La informalidad es uno de los grandes problemas que complican la sustentabilidad del sistema. Del total de asalariados, el 36% no tiene descuentos jubilatorios, de acuerdo con los últimos datos del Indec.

“Si el Estado argentino no incrementa su inversión en la promoción del empleo formal en una economía con una alta tasa de informalidad, esto redundará en una disminución progresiva del número de contribuyentes al sistema previsional. A la postre, esto pondrá en jaque la capacidad fiscal del Estado para cumplir sus obligaciones previsionales con los adultos mayores más pobres”, opinan los investigadores Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino en el informe “Mapa de las políticas sociales en la Argentina”, publicado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar.

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