Sólo un puñado de representantes del Gobierno tiene el texto con los cambios que impulsarán en la reforma laboral cuando se trate en el Senado desde el miércoles que viene. Si las versiones que circulan son ciertas, las modificaciones apuntan, sobre todo, a congraciarse con los gobernadores, cuyo apoyo es clave para la sanción de la iniciativa. A la CGT, al parecer, sólo le darían un alivio a dos de sus demandas vinculadas con “la caja sindical”.

La nueva versión de la reforma laboral, según trascendió, incluiría una fórmula riesgosa para conformar a los gobernadores por la baja de impuestos que contempla el proyecto: postergar para más adelante la reducción de alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, que afectarán la masa de recursoscoparticipables que reciben las provincias.

Dicen que el Ministerio de Economía buscó una variante que no resignara la baja de impuestos, una bandera de los libertarios, pero que la difiriera para encontrar una salida a mediano plazo de esta encerrona que pone en riesgo la sanción de la iniciativa si los mandatarios del interior se rebelan en el Congreso. Hay en juego una merma de aproximadamente $1 billón para las provincias.

Al mismo tiempo, a la CGT le concederían dos de los puntos que reclama modificar: dejarían a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos (no así los aportes obligatorios que van a las arcas de entidades empresariales en concepto de capacitación) y se eliminaría el artículo 161, que recorta la contribución patronal destinada a las obras sociales del 6% al 5%, y que, según los sindicalistas, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud administrado por los gremios. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI.

Quedarían intactos, pese a la presión de la CGT, los artículos que reglamentan el derecho de huelga en servicios esenciales, la prelación de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad de los convenios y las restricciones de las asambleas.

Si se confirman estas modificaciones, al sindicalismo sólo le darán alivio respecto de “la caja” multimillonaria que manejan, conformada, entre otros rubros, por la recaudación de las cuotas solidarias a través de los convenios colectivos, y el sistema de obras sociales.

Javier Milei impulsa una reforma laboral que sufrirá modificaciones (Foto AP/Evan Vucci)

El Gobierno mantiene cerrado bajo siete llaves el texto corregido de la reforma laboral y su contenido será el eje de la nueva reunión de la mesa política libertaria que preside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para el lunes próximo, donde se evaluarán los apoyos de los gobernadores al proyecto oficial en el Congreso a la luz de la postergación de la baja de impuestos.

¿Ya estarán enterados los sindicalistas de los cambios previstos en la reforma laboral? “No sabemos nada porque seguimos conversando y nadie da cerradas las negociaciones”, dijo a Infobae un jefe de la CGT.

Un indicio claro acerca de la reacción sindical se producirá este viernes, a partir de las 11, cuando se reúna el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802: se analizarán las tratativas sobre el proyecto y también surgirá un debate acerca de las medidas de fuerza que se adoptarán para expresar el rechazo a la iniciativa que promueve Javier Milei.

Cristian Jerónimo: “No vamos a permitir que este proyecto avance tal como está”

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) anticipó que se evaluará una escalada del conflicto con el Gobierno que podría incluir movilizaciones y un paro general. “No vamos a permitir que este proyecto avance tal como está”, afirmó, tras lo cual aseguró que se analizan todas las herramientas legales, políticas y sindicales para impedir que rija la reforma laboral.

Hasta no tener certeza de cómo quedó el proyecto y cómo se modificará en el recinto, el sector dialoguista de la CGT, que es mayoritario, no quiere saber nada con un paro general y, en cambio, aceptará una movilización de protesta el miércoles 11 ante el Congreso, cuando los senadores comiencen a discutir la reforma laboral.

Sin embargo, como anticipó Infobae, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) plantearán hacer el miércoles un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes a la concentración.

De una postura más dura que la CATT, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y sus aliados propondrán un plan de lucha con paros y movilizaciones hasta lograr que fracase la sanción de la reforma laboral.