La abogada argentina Agostina Páez enfrenta desde hace más de dos semanas una situación límite en Brasil, a raíz de una acusación por gestos racistas en un bar de Río de Janeiro. La joven santiagueña, que permanece retenida por orden judicial y con una tobillera electrónica, difundió en las últimas horas un video en el que describe su estado actual: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, adviertió.

La difusión de las imágenes de Páez desató una ola de repercusiones tanto en la Argentina como en Brasil, donde el proceso penal avanza sin plazos definidos. Según explicó la propia abogada en el video publicado en su cuenta de TikTok, recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a que está controlada por una tobillera electrónica y sostiene que se encuentra “a disposición de la justicia desde el día uno”. “Se están vulnerando todos mis derechos”, aseguró en su mensaje.

La causa que mantiene a Páez en el centro de la escena judicial brasileña comenzó el pasado 14 de enero, cuando una discusión por una cuenta en un bar de Ipanema derivó en una denuncia penal por “injuria racial”. La Policía Civil de Río de Janeiro informó a través de sus canales oficiales que la investigación se cerró y el material fue remitido al Ministerio Público. De acuerdo con el comunicado, la acusación recae sobre la abogada por insultos racistas dirigidos a un trabajador brasileño. El proceso también involucra a una amiga de la acusada, investigada por falso testimonio.

En diálogo con Infobae, el abogado defensor Sebastián Robles describió el episodio que desencadenó la imputación: tras abonar la cuenta del local, Páez y sus amigas fueron interceptadas por cinco empleados que exigían otro pago. Las turistas negaron los cargos adicionales y solicitaron hablar con el gerente. Durante ese intercambio, se registraron insultos y provocaciones por parte de los empleados, según la defensa. “Una amiga termina abonando la cuenta para poder retirarse del local, porque se lo impedían, y hay videos que muestran que cinco personas no las dejaban salir”, señaló Robles.

Agostina Páez enfrenta una acusación por injuria racial en la ciudad de Río de Janeiro

El relato de la defensa sumó una pieza clave a partir de las cámaras de seguridad: las imágenes muestran a un empleado realizando gestos obscenos y provocaciones hacia el grupo de turistas. En ese contexto, Páez admitió haber reaccionado con su propio gesto, lo que fue grabado por otra persona y luego presentado como prueba en su contra. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, manifestó la abogada, atribuyendo su respuesta a la provocación del personal del bar.

El delito de injuria racial, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a instalarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la prohibición de abandonar el país continúa vigente.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.

El defensor Robles presentó un recurso de habeas corpus con el objetivo de que Páez pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial de modo virtual. “La idea es que pueda volver al país, pero sometida a un proceso en el que se le realicen las formalidades pertinentes, se dé la primera audiencia que corresponda y, luego de eso, se levante la medida”, explicó el letrado a la prensa local.

La defensa de la abogada sostiene que existieron provocaciones previas durante el incidente en el bar

La situación personal de Páez se tornó aún más delicada tras un incidente en su residencia temporal. Tres personas ingresaron al departamento en el que se alojaba, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Su familia manifestó preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, ante las amenazas recibidas y el agravamiento de la tensión. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez, en contacto con los medios.

La defensa denunció que la medida cautelar que impide la salida del país no establece plazos concretos y la calificó como arbitraria. “Hay una medida impuesta donde no fija ningún tipo de plazo razonable, una medida totalmente arbitraria. Le dicen que no pueden salir del país, pero no hasta cuándo”, remarcó Robles. La abogada, de 29 años, permanece a la espera de una resolución, acompañada por su hermana y amigas, en un domicilio que ella misma costea en la ciudad de Río de Janeiro.

Mientras tanto, la Policía Civil remarcó en sus redes sociales oficiales que “el crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”, al anunciar el cierre de la investigación. La estrategia de la defensa insiste en la existencia de provocaciones previas y en la necesidad de revisar integralmente las imágenes, lo que podría modificar la calificación de los hechos.

La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial. El caso de Agostina Páez sigue su curso bajo vigilancia pública y judicial, en una trama que suma aristas personales, diplomáticas y legales, sin plazos definidos para su resolución.