El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia decidió convocar a una audiencia preliminar que será el paso previo para el juicio oral y público contra la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala; el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Resistencia, Jacinto Sampayo, y otras quince personas allegados a estos últimos por la presunta integración de una asociación ilícita para cometer el delito de lavado de dinero. La jueza federal de primera instancia, Zunilda Niremperger, había clausurado la instrucción y elevado la causa a juicio oral en mayo de este año.

La legisladora nacional está acusada de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. También el otrora poderoso líder de los trabajadores municipales de la capital chaqueña.

La causa

La causa se inició en 2018 a partir de un presunto negociado pergeñado durante la gestión de Aída Ayala como intendenta de Resistencia para beneficiar a la empresa PIMP SA con la recolección de residuos en la capital chaqueña. Junto con Ayala y Sampayo serán juzgados Daniel Alejandro Fischer, ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija; y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Martínez, entre otros.

El resto de los que enfrentarán el juicio son: Mónica Centurión, Fátima Rigassio (pareja de Daniel Fischer), Patricia Vázquez, Luis Escobar, Rolando Acuña, Natalia y Diego Martínez Guarino (hijos del empresario Pedro Martínez), Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiroz, Eulalio Bouza, Elsa Martínez y Enrique Baumwollspinner.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Patricio Sabadini señaló que Ayala, como intendenta de Resistencia, “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.

“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.

Vale recordar que por esta causa la ex funcionaria de Macri tuvo un orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que existían “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la cámara baja.