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JUDICIALES/CHACO

31 de mayo de 2021

“Este caso vincula a muchas circunstancias de la historia del país y de nuestra provincia”

Es la hermana de María Belén Duet, una de las víctimas junto a Rosalía Alvarado en el caso de abuso sexual en la infancia más antiguo de los denunciados en el país. Hoy asistieron en forma presencial a declarar como testigos en el juicio oral que se desarrolla en la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. Allí es juzgada Noemí Alvarado, tía de Rosalía, de más de 80 años de edad. También fue acusado su marido, Daniel Pacce, ex diputado nacional, falleció en 2018.

Victoria Duet, integrante de la organización Al Fin Justicia, dio cuenta de la continuidad del debate presencial en la causa de abuso sexual infantil más antigua de Argentina, cuyo juicio oral se desarrolla en Resistencia más de tres décadas después de haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia Rosalía Alvarado y María Belén Duet. Las audiencias están condicionadas a la evolución de la pandemia y de las restricciones en la provincia.

Victoria, hermana de María Belén, fue una de las testigos que declaró en la audiencia del día junto a las dos víctimas. “Es muy movilizador. Es un momento que estábamos esperando y por el que luchamos toda la vida, en especial en estos últimos años, desde el momento en que se realiza la denuncia”, describió en diálogo con Radio Provincia.

La de hoy –según indicó- fue para ellas la primera audiencia ya que asistieron en forma presencial, mientras que el pasado 10 de mayo lo habían hecho en forma virtual en el inicio formal del juicio.   

El tribunal está compuesto por Ernesto Azcona (presidente), María Virginia Ise (vocal de primer voto) y Natalia Kuray (vocal de segundo voto); el fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera; la defensa está a cargo de Lidia Lezcano y Ricardo Urturi y los querellantes son Amira Nahir Barud y Kevin Boss Nielsen.

“Esclarecer la verdad de lo que sucedió (en un juicio oral) es un derecho de todas las víctimas sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, y en este caso, un derecho de la ciudadanía porque los acusados son dos ex funcionarios públicos, personas que se desempeñaron en cargos muy importantes en la provincia”, resaltó Victoria, indicando que existe “un contexto” en el que se sucedieron los acontecimientos hace más de tres décadas, el que durante las audiencias se irá “esclareciendo con el aporte de los testigos que contarán quiénes eran, quiénes son y qué pasaba en la provincia”. “Este caso vincula a muchas circunstancias de la historia de nuestro país y de nuestra provincia”, agregó.

La causa judicial más antigua que se registra por ese delito en Argentina llegó a juicio oral amparada por la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, frente a los planteos de prescripción del delito. El juicio es contra Noemí Alvarado, de 80 años, acusada por abusos perpetrados entre 1979 y 1986 en conjunto con su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional.

A esta mujer se la acusa de ser "participe necesaria de abuso sexual deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora, en el caso de Rosalía", según explicó a la Agencia Télam la abogada de una de las víctimas. En el caso de María Belén, la acusación contra Alvarado es "por corrupción de menores en calidad de autora".

 

Las víctimas del caso de abuso sexual en la infancia más antiguo de los denunciados en el país. (Foto: Chaco Día por Día)

 

“Yo era una niña cuando sucedió todo esto. Mi hermana pudo decirnos algo cuando le sucedieron estas cosas. Estamos hablando de más de 30 años atrás. Mi familia intentó realizar la denuncia, pero no pudimos encontrar abogado que represente a la familia y las consultas en ámbito judicial no fueron recepcionadas”, relató Victoria.

Desde entonces –según indicó- hubo otros intentos por radicar la denuncia “pero recién ahora se logró concretar”, en un “proceso largo y doloroso”. “Con este paso vamos a poder empezar a sanar y continuar la vida de otra manera”, confió.

 

El camino transitado

 

Sobre el largo camino transitado hasta llegar al juicio, recordó: “Cada familia, sin saber lo que había sucedido a una y a otra, habíamos iniciado en distintos momentos la búsqueda de justicia. Cuando pudimos conocer lo que les había pasado a las chicas y por las mismas personas, se pudo generar un camino de lucha en conjunto, las dos familias buscando conocer y transitando todas las instancias posibles de acceso a la justicia, de asesoramiento jurídico”.

“Dimos una lucha que terminó constituyéndose en una organización comunitaria de la que formamos parte junto a otras personas sobrevivientes del mismo delito, familiares, profesionales y otras organizaciones a nivel nacional. Conformamos una red donde accedemos a información y acompañamiento para quienes lo necesitan”, explicó sobre Al Fin Justicia, organización que no tiene una sede física, pero quienes estén interesados pueden contactarse vía redes sociales.  

 

“Cada vez recibimos más llamados”

 

En esa tarea en desarrollo, reveló que se plantean dos situaciones: “Por un lado, las denuncias de madres o adultos protectores de niños víctimas del delito; y la situación de adultos que recién pudieron denunciar en su adultez. Es un delito muy silenciado, muchas veces lo rodea la complicidad familiar”. “No tenemos estadísticas en este momento, pero sí podemos decir que cada vez recibimos más llamados y notamos en mayor medida que es un delito del que se puede hablar pasados unos años”, comentó.

En ese marco resaltó la importancia “del paso dado por la justicia chaqueña, reconociendo los derechos de los sobrevivientes a partir de la sanción de la Ley 27.206 que viene a ampliar derechos, a partir de la modificación de un artículo donde amplía los plazos de prescripción del delito”. “Es un mensaje claro abrir una puerta a que el poder judicial escuchará a quienes tengan para contar los horrores que hayan padecido de niños y que recién ahora pueden enfrentar en busca de justicia”, subrayó.

Recordó que el delito de abuso sexual en la infancia tenía un plazo de prescripción de 10 años desde el momento en que se cometió. Con una modificación introducida por la denominada ley “Piazza” (en 2011), se estableció que el plazo de diez años podía computarse desde que la víctima cumpliera la mayoría de edad. En tanto, desde 2015, por la modificación que fue avalada por unanimidad del Congreso Nacional, los plazos se corren hasta el momento en que la persona pueda realizar la denuncia, sin establecer una edad. “Al ampliar los derechos, respeta los tiempos de las víctimas y propicia la denuncia a partir de que cada sobreviviente encuentre el momento para hacerlo”, señaló Victoria.

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