En una transmisión en vivo frente a las instalaciones de la empresa ERSA, Gustavo Olivello dio voz a un grupo de choferes que denunciaron una realidad "totalmente distinta" a la que informan los empresarios y el gremio UTA. Según relataron los trabajadores, la empresa se encuentra en un proceso de desinversión acelerado, llevándose las unidades nuevas con aire acondicionado hacia otras provincias y poniendo en circulación coches del año 2007 que no están en condiciones técnicas. "Está en riesgo la vida de los pasajeros; los colectivos no pasan una VTV", advirtieron los choferes, señalando que tanto el personal como los usuarios corren peligro diario por el mal estado de la flota.
Uno de los puntos más escandalosos de la denuncia presentada por Olivello radica en una presunta estafa al Estado provincial mediante el cobro de subsidios. Los trabajadores, entre ellos Ricardo Sánchez del área administrativa, afirmaron que la patronal hace figurar más de 150 unidades en servicio para percibir fondos públicos, cuando en la práctica "están trabajando ni la mitad de los coches". Esta maniobra explicaría la falta de frecuencia que sufren los usuarios, mientras que los organismos de control "miran para otro lado" a pesar del incremento de más de 1.000 millones de pesos en subsidios tras la suba del boleto.
La crisis también golpea el bolsillo y la salud de los empleados, quienes denunciaron que este mes solo percibieron el 50% de sus haberes y les adeudan cuotas del aguinaldo y viáticos. Leandro Sibera, con 19 años de antigüedad, detalló que desde septiembre de 2025 vienen perdiendo casi 500.000 pesos por mes debido a acuerdos de crisis no cumplidos. "Nosotros no estamos en contra de nadie, solo queremos cobrar nuestro sueldo en tiempo y forma; nos exigen cumplir horarios bajo la lluvia o el calor, pero no cumplen con nosotros", sentenció el trabajador ante las cámaras de Alerta Urbana.
La desprotección social es otro eje crítico del informe de Olivello, quien mostró el caso de un chofer operado del corazón que se encuentra sin obra social y sin poder realizarse los estudios de alta complejidad que requiere. Los empleados señalaron directamente a la familia Romero de Corrientes como propietarios de la firma y cuestionaron la ausencia del secretario general de la UTA, Raúl Abraham, en el conflicto. "Hay mucho miedo de perder el laburo por las amenazas", explicaron para justificar la baja concurrencia en la protesta, mientras Olivello instaba a las autoridades competentes a intervenir de manera urgente ante las gravísimas irregularidades detectadas.
