Con intervenciones en distintas localidades, Secheep retomó desde la segunda semana de enero su plan de lucha contra el fraude eléctrico, una política sostenida que se viene desarrollando en toda la provincia desde los últimos dos años y que tiene como objetivo erradicar conexiones ilegales, mejorar la seguridad eléctrica y sumar clientes formales al servicio. 
Los procedimientos, que cuentan con la colaboración de la Policía del Chaco, se llevaron adelante tanto en el área metropolitana del Gran Resistencia como en las distintas gerencias zonales que la empresa energética posee en el interior provincial.

 
Desde el directorio de Secheep informaron que el abordaje territorial se intensificará durante todo el año.

En el área metropolitana del Gran Resistencia, durante lo que va de 2026, se realizaron operativos en Puerto Vilelas, Margarita Belén, Barranqueras y Fontana, además de distintos barrios de Resistencia, como Santa Inés, España, Altos de Urunday y sectores de la Chacra 137.

Como resultado, se detectaron y eliminaron más de 300 conexiones irregulares, algunas con procedimientos de fraude, se cambiaron 45 medidores y se atendieron más de un centenar de reclamos.

Cabe recordar que, durante 2025, solo en las localidades dependientes del área metropolitana, se eliminaron más de 6.200 suministros irregulares en decenas de barrios y zonas.

En paralelo, durante las primeras semanas de 2026, los operativos de lucha contra el fraude eléctrico también se concretaron en las restantes gerencias zonales de la empresa. Las acciones se desarrollaron en Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Quitilipi, Charata y otras localidades del interior.

Estas tareas forman parte del plan provincial "Tolerancia cero a las conexiones irregulares", con el objetivo de erradicar suministros eléctricos ilegales y regularizar a usuarios que se encontraban conectados de manera clandestina.

Desde la empresa remarcaron que combatir las conexiones irregulares no solo permite regularizar el suministro eléctrico, sino que también garantiza mayor seguridad y mejora la calidad del servicio para todos los usuarios.

Las instalaciones precarias o ilegales representan un serio riesgo para las familias, con posibilidad de electrocución y daños materiales, además de afectar la red eléctrica comunitaria.