Finaliza la feria judicial y, si bien la atención está centrada en la lectura de la pena a los culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la actividad se reanuda desde el primer día hábil de febrero y atenderá múltiples causas. En ese marco, la Justicia Federal definirá la situación de los acusados, los piqueteros VIP Juan Carlos y Diego Rolón, Lucas Torales y Marcos Cáceres. En el caso de Ramón "Tito" López, el inicio del debate oral y público está pactado para abril.

La audiencia de cesura por el caso Strzyzowski será el 10 de febrero, cuando la jueza Dolly Fernández dará a conocer las penas para César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, en el marco del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Se trata de una de las primeras causas que la Justicia chaqueña atenderá tras la feria.

En paralelo, en el fuero federal se dará continuidad a los casos que involucran a los piqueteros VIP y se prepara para el debate oral y público contra "Tito" López y su familia.

El dirigente social fue detenido el 11 de septiembre de 2024, en pleno centro de Resistencia y en medio de disturbios generados entre efectivos policiales y manifestantes. Casi 19 meses después dará inicio el juicio que enfrenta por integrar y liderar una organización ilícita que habría defraudado al Estado mediante la ocupación de tierras fiscales y maniobras de lavado de dinero.

Una denuncia del Equipo Fiscal Especial del Poder Judicial fue clave para el inicio de la causa. El crecimiento exponencial del patrimonio del piquetero no encajaba con los ingresos declarados, lo que motivó al fiscal federal Patricio Sabadini a que en ese entonces librara órdenes de allanamiento y detención, fundamentadas en una supuesta "estructura delictiva".

Esa mañana del 11 de septiembre de 2024, tras una breve disputa entre manifestantes y policías, se concretó la captura de López. Cerca de un año después, el martes 9 de septiembre de 2025, iniciaron las audiencias contra el piquetero y su familia, quienes enfrentan cargos por los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado y presunto lavado de activos.

La acusación sostiene que los implicados —el líder piquetero, su esposa Librada Romero; sus hijos David, Daniel y Walter; y la nuera de López, Débora Acosta— pusieron "en circulación en el mercado –a través de diversas maniobras– fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública provincial, entre otras actividades ilícitas concretadas en el marco de una asociación ilícita, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos, situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados, quienes conformaron de manera organizada un grupo económico con fines ilícitos que actuó de manera coordinada y sostenida en el tiempo".

De piquetero a millonario 
El requerimiento presentado por la Fiscalía indica, además, que las maniobras delictivas estuvieron organizadas y se perpetraron en dos etapas: en una se efectuó el desvío de los fondos a fundaciones y personas jurídicas relacionadas con la familia, dinero que habría sido retirado en su totalidad por los integrantes del grupo familiar, quienes "además de conformar las fundaciones detentaban la titularidad de cuentas y, por tanto, la disponibilidad material del dinero".

El documento expone también negocios concretados con tierras fiscales a partir de "ventas simuladas de miles de hectáreas de campo que constituían tierras fiscales del Estado provincial, a través de los contratos de leasing celebrados con los hermanos BRUA, que habrían generado un amplio margen de ganancia ilícita posiblemente percibida en efectivo y en negro".

Una segunda etapa habría derivado en el ingreso de los fondos ilegales al mercado formal. En ese contexto, los involucrados habrían adquirido inmuebles urbanos y rurales, vehículos, maquinaria agrícola, ganado, divisas extranjeras, mejoras edilicias y un negocio ganadero, todo obtenido con "ganancias espurias obtenidas en el caso en dinero en efectivo".

En diciembre del año pasado, la Justicia rechazó un pedido de excarcelación presentado por Librada Romero, esposa de López. En la solicitud, el abogado que representa a Romero fundamentó que, con la fecha del juicio ya fijada, "la prisión preventiva constituye una medida cautelar de carácter excepcional que no debería prolongarse en el tiempo".

Fue el fiscal federal Federico Carniel quien expresó que los riesgos procesales para la prisión preventiva continúan vigentes, que la gravedad de los delitos que se le imputan conlleva una escala mayor a los ocho años de cárcel y que Romero, al ser parte de una "estructura organizada con acceso a importantes recursos", incrementa el riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso. Con ese panorama, los jueces de Cámara Enrique Jorge Bosch y Fabián Gustavo Cardozo resolvieron rechazar el pedido formulado.

Ricos con la plata del pueblo 
El 2026 será clave para el avance de la causa contra Diego y Juan Carlos Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales. Los cuatro son acusados de ser cabecillas de un complejo esquema de desvío de fondos públicos. La Justicia los acusa de apropiarse de recursos estatales mediante la creación de estructuras con fines sociales, maniobras que habrían ensanchado exponencialmente su patrimonio. Tres de ellos se encuentran actualmente con prisión preventiva, mientras que Diego Rolón en diciembre recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Todos esperan el juicio oral, cuya fecha aún resta definir.

El expediente que implica a Cáceres y a los Rolón inició con una denuncia anónima, presentada en la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini. En el caso de Lucas Torales, su "ostentación patrimonial", marcada por viajes al exterior y la compra de un inmueble, encendió la alerta para la Justicia.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los involucrados habrían incorporado al mercado formal dinero de origen ilegal, obtenido con maniobras de fraude que tenían como eje una red de fundaciones y cooperativas constituidas para la ejecución de políticas sociales y empleadas para recibir, canalizar y blanquear fondos del Estado, los cuales finalmente terminaban en manos de los piqueteros.

Todo se inició con 22 allanamientos simultáneos, cuyos resultados permitieron a la Policía concretar la captura de los cuatro principales imputados. Fue el 1° de abril de 2025. Esa jornada, además, finalizó con el secuestro de más de 30 vehículos y dinero en efectivo, además de la detección de propiedades de alto valor.

Así, la investigación ubicó al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) como el principal origen de los recursos. La acusación marca que desde el organismo fueron giradas sumas millonarias para programas vinculados a viviendas, veredas, saneamiento ambiental y tareas de limpieza. Como ejemplo, se conoció que las organizaciones lideradas por Marcos Cáceres recibieron más de 220 millones de pesos entre 2022 y 2023; el 93% de ese monto provino del IAFEP.

En ese marco, los investigadores detectaron que múltiples obras no fueron concretadas, se simulaban con fotos adulteradas, quedaban inconclusas o se ejecutaban con estándares muy por debajo de lo pactado. Pese a ello, una vez acreditados los pagos, la acusación señala que se registraban extracciones en efectivo por montos cercanos a la totalidad de lo recibido.

Tres semanas después de los operativos que derivaron en la detención de los piqueteros, el 23 de abril, la titular del Juzgado Federal N° de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió el procesamiento con prisión preventiva de los cuatro por lavado de activos agravado, además de embargos millonarios sobre los bienes de los imputados, de algunos familiares y de las fundaciones.

Entre agosto y septiembre, el fiscal Sabadini dio por cerrada la etapa de instrucción y solicitó la elevación a juicio oral para Marcos Cáceres, Lucas Torales y Diego Rolón, junto a familiares sindicados como supuestos testaferros. Con la instrucción finalizada, ahora resta que se fije la fecha para el inicio del juicio, instancia en la que la Justicia definirá el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

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