Se llegó a un acuerdo a nivel nacional entre UTA (Unión Tranviarios Automotor) y FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), y desde el Gobierno provincial dijeron que fue "gracias a la participación activa de los estados provinciales para destrabar el conflicto". Así lo confirmaron desde la Subsecretaría de Transporte del Chaco, dependiente del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. 

"Nos abocamos a reuniones y a un constante diálogo con cada una de las partes para arribar a una solución, pensando principalmente en las usuarias y usuarios que fueron los principales afectados de esta situación", manifestó Tomás Yazlle, subsecretario de Transporte del Chaco. 

El funcionario puntualizó que el conflicto, que dejó sin transporte a más de 30 millones de argentinas y argentinos de las 23 provincias del país, tiene su origen en la falta de un sistema de transporte que sea "verdaderamente federal".

Tras una serie de reuniones que se llevaron adelante entre las partes involucradas en el conflicto gremial (UTA, FATAP, Ministerio de Trabajo de Nación y Ministerio de Transporte de Nación), parecía no haber acuerdo, sin mejoras en la distribución de subsidios para el interior del país.

Sin embargo, "las provincias más activas en materia de defensa del transporte público de pasajeros y de un sistema realmente federal tomaron acciones para llegar a una resolución y que se puedan levantar las medidas de fuerza", comunicaron desde el Ejecutivo y añadieron: "Tal es el caso de Chaco, que participó de esta gestión a través de la Subsecretaría de Transporte, de esta gestión, siendo además una de las provincias que hace tiempo solicita una mayor equidad en la distribución de recursos para todo el Norte Grande argentino".  

"Las provincias haremos nuevamente mayores esfuerzos para poder garantizar este servicio público esencial", señaló Yazlle, y remarcó: "Si bien entendemos que es un conflicto salarial y que no les corresponde a las provincias tomar parte en esa discusión, tuvimos que involucrarnos para poder asegurar el servicio ante la falta de mejoras y acuerdos entre las partes y el Gobierno Nacional".

En este contexto, el funcionario explicó que cuando no se disponen de nuevos fondos nacionales y suben los costos, los mismos deben ser afrontados por los gobiernos provinciales con más subsidios o aplicando subas en las tarifas. Ante esta situación, el gobierno del Chaco optó por redoblar sus esfuerzos y que la carga económica no recaiga sobre las familias que utilizan el servicio. 

"Subsidios desiguales"

Del total de los subsidios al sistema de transporte del país, la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibe cerca de un 88%, mientras que las demás 23 provincias -que concentran un 65% de la población- cuentan con un 12%. Actualmente, mientras AMBA recibe $26.000 millones por mes, las provincias en su conjunto tan solo $3.500 millones.

En las reuniones mantenidas en las últimas horas se logró generar consensos sobre la necesidad de una nueva Ley Federal en materia de subsidios al transporte, buscando cerrar definitivamente estas asimetrías entre AMBA y las Provincias. En este marco, se buscará avanzar en un único fondo compensador, con un criterio único de distribución de los subsidios nacionales y mayor representación de las provincias en la mesa nacional.

El caso del Chaco 

En AMBA, un usuario paga un boleto de $18, mientras que en Chaco $41 y en el resto del país cerca de $60. Esto redunda notablemente en un mayor costo de vida para las familias del interior del país y en un menor bienestar social.

En cuanto a los fondos provinciales, en 2021 se destinaron más de $1.200 millones al sistema de transporte de pasajeros, mientras que se recibieron de Nación $605 millones (un 33% del total). Para 2022 el Gobierno Provincial destinará cerca de $2.000 millones para garantizar el servicio.

También se lleva adelante una importante inversión para mantener el Boleto Estudiantil Gratuito en todos los niveles educativos, como parte de una política pública que tiene como fin garantizar el acceso a la educación de las y los estudiantes. En 2022 esta gestión implicó el aporte de $200 millones, alcanzando a más de 50.000 estudiantes beneficiados activos. Para una familia con tres estudiantes esto representa un ahorro de $7.380 por mes, un 15% del ingreso familiar para un grupo de ingresos bajos.