En la mañana de este sábado, la justicia federal dio cumplimiento a un nuevo pedido de la fiscalía para que proceda al secuestro de automotores que se encontraban en poder del exrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), Omar Judis, y de algunos de sus familiares, todo ello en el marco de la causa por supuesto lavado de dineros públicos.

Los operativos se enmarcan en una de las causas por supuesto lavado de dinero denunciadas por la exdiputada provincial Ana María Canata, y cuyo principal investigado es el exrector de la Uncaus, pero el diligenciamiento también abarcó a personas allegadas a Judis y muy reconocidas en la ciudad termal que, según investiga la justicia federal, advierten un claro nexo y presunta responsabilidad.

En junio pasado, las fuerzas federales, ante el pedido hecho por el fiscal federal de esta ciudad Carlos Amad y del fiscal general Federico Carniel, habían llevado adelante diligenciamientos que abarcaron domicilios particulares y locales donde presuntamente se habían habilitado comercios y estudios jurídicos.

A Judis se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada, peculado y cohecho, todos en concurso real.

La Fiscalía General, a cargo de Carniel, apunta a demostrar también el grado de responsabilidad y participación de los otros acusados que formaban parte de la conducción de la Uncaus por los mismos delitos que se le atribuyen al rector Judis.

De acuerdo con los elementos de prueba recabados, la fiscalía consideró acreditado que Omar Vicente Judis junto con familiares y amigos habrían ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la Universidad Nacional de Chaco Austral destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio. 

La maniobra para lavado de activos
 De acuerdo con la causa, los Judis se habrían aprovechado de los distintos mecanismos implementados en la universidad pública y de la gran cantidad de fondos que esa alta casa de estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondían y derivados del Tesoro Nacional.

El Ministerio Público Fiscal informó que se trabajó junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos y con la División de Anticorrupción de la Policía Federal Argentina en estas actuaciones, y se logró corroborar la existencia de diversas maniobras de lavado de activos