Los que NO lo hagan se arriesgan a perder finalmente su derecho a vivir, trabajar y acceder a los servicios públicos del ex miembro de la Unión Europea.

El gobierno británico ya está avisando de que se les entregará un aviso formal que les dará 28 días si no lo han solicitado antes del 30 de junio.

El Ejecutivo sostienen además que está redoblando los esfuerzos para llegar a aquellos que no saben del cambio de normativa, incluidos los grupos vulnerables, como los ancianos y los niños que reciben cuidados.

El ministerio del Interior ha visto cómo más de cinco millones y medio de ciudadanos comunitarios han pedido el llamado estatuto de residente. Y actualmente está luchando con el retraso de unas 400.000 solicitudes.

Aquellos que esperan una decisión después de la fecha límite de la próxima semana recibirán una prueba de la petición con el fin de mantener sus derechos.

//euronews