El Gobierno reforzó este lunes el control sobre el comercio exterior del sector agropecuario. Las nuevas exigencias no solo involucran las ventas al mundo de la carne bovina, como se esperaba, sino también a los operadores de granos y lácteos. Se oficializó a través de la resolución 60 del Ministerio de Agricultura, publicada en el Boletín Oficial

La medida se enmarca en el intento oficial por contener la inflación, que cerró el primer trimestre en 13% y luego de que marzo arrojara un alza de 4,8% la más alta en los últimos 18 meses reportó el Indec el jueves pasado. Minutos antes de que conociera el dato oficial, el Gobierno lanzó medidas en busca de forzar una reducción de la aceleración de precios. Puso el foco en la carne vacuna y las frutas y las verduras, dos de los productos con más presencia en la mesa de los argentinos.

Pero, para sorpresa de los ruralistas, que ya habían rechazado las medidas por considerarlas un error y plantear que las restricciones a la exportación tendrían un efecto adverso al buscado, la resolución también establece exigencias para otras dos cadenas agroindustriales: la de granos, que es la que más dólares suma al país -con la soja, el maíz y el trigo como principales productos- y los lácteos, cuyos precios en marzo saltaron 7,2% en el mercado interno.

“Se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario a cargo de las autoridades competentes”, remarcaron en los considerandos de la resolución.

La cartera que dirige Luis Basterra enfatizó que ante esa situación y “la imperiosa necesidad de alcanzar una más amplia formalización, transparencia y control de una actividad tan sensible como la exportación, se estima conveniente establecer nuevas exigencias, que serán requeridas a los fines de su inscripción y permanencia en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) y la consecuente habilitación, para ejercer legalmente el comercio”.

Según se indicó en los considerandos de la norma, los requisitos que ahora se exigen “tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”.

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