Llegan de madrugada. Cruzan el río San Juan en botes y cayucos, muchas veces sin que ningún puesto de control los detenga, y se internan en la selva costarricense cargando radios de comunicación, drones, armas y bidones con sustancias químicas.

Son entre 3.000 y 5.000 personas, según estimaciones de la presidencia de Costa Rica. Se les llama coligalleros en Costa Rica y güiriseros en Nicaragua. Técnicamente son mineros artesanales. El gobierno de Costa Rica los define como “crimen organizado” que funcionan con estructura militar y los acusa de saquear el oro de su país.

El destino de esa marea humana que va y viene es Crucitas y el cerro Conchudita, un territorio rico en oro situado en el cantón de San Carlos, en la provincia costarricense de Alajuela, sobre la frontera norte con Nicaragua. El Estado costarricense tiene prohibido la explotación minera en esa zona por el impacto que tiene la actividad en los bosques y los acuíferos.

Los ilegales, sin embargo, no saben de prohibiciones. Y tienen una ventaja decisiva sobre las autoridades costarricenses. Pueden llegar a Crucitas y Las Conchuditas por el nicaragüense río San Juan, que queda en mera la frontera.

Costa Rica, aunque puede navegar por el río con fines de comercio, no lo puede hacer con armas. Para llegar hasta Crucitas o Conchudita, la Fuerza Pública de Costa Rica debe hacerlo por tierra y eso implica caminar al menos tres horas desde el lugar hasta donde pueden llegar en vehículos.

Así, cuando la Fuerza Pública se acerca a la zona de extracción, alguien avisa por radio o WhatsApp y los mineros cruzan el río de regreso. “Cuando detectan la llegada de la Fuerza Pública se avisan entre ellos y cruzan el río. Es una dinámica permanente”, explica Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense y presidente de la Fundación del Río.

Imagen satelital del 21 de mayo de 2026, sobre los cerros Conchudita, de Costa Rica (en círculo rojo), y La Conchuda (amarillo) y El Conchudo (azul), ya al otro lado del Río San Juan, en territorio nicaragüense (Imagen de Fundación del Río)

Costa Rica mantiene un pequeño destacamento en la zona y realiza operativos policiales ocasionalmente con la intención de tomar control, en una crisis que ya denomina “de soberanía nacional”.

“Este fenómeno afecta no solo la soberanía ecológica de nuestro país, sino la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90 por ciento de los coligalleros son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar en este ilícito”, señaló ante el Parlamento costarricense en febrero de este año el entonces ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora.

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, ha denunciado que el Estado gasta un millón de dólares mensuales para proteger ese territorio. Y aun es insuficiente. Por otro lado, los mineros artesanales extraen unos 250 millones de dólares en oro al año del lugar. El mineral no se queda en Costa Rica. Se va a Nicaragua.

A unos tres kilómetros al otro lado de la frontera, ya en territorio nicaragüense, opera el campamento de Las Cruces. Allí, dentro del lote minero denominado La Guinea, concesionado por el régimen Ortega-Murillo a la empresa Thomas Metal S.A., se procesa el oro extraído ilegalmente en suelo costarricense.

“Ahí hay un hombre, un pagador, que llega con sacos de dinero, córdobas, colones o dólares, pesan el material y paga en efectivo, nunca de otra forma”, señala Amaru Ruiz.

La operación ha evolucionado de la minería artesanal a métodos semiindustriales: lixiviación con cianuro, uso de carbón activado, soda cáustica, ácido clorhídrico y generadores eléctricos de gran potencia importados desde la India y comprados en Costa Rica.

“Ya no utilizan mercurio; utilizan cianuro. Las pilas de cianuración son procesos semiindustriales”, describe Ruiz. “Además, el uso de plantas eléctricas de diésel demuestra una inversión considerable”.

Los orígenes de la crisis

Para entender por qué Crucitas se convirtió en este campo de batalla es necesario remontarse a inicios de los años 90. La zona tiene depósitos auríferos comprobados, y en 2008 el gobierno de Óscar Arias otorgó avales a la empresa canadiense Infinito Gold para explotar esos recursos a cielo abierto.

La decisión generó una larga batalla legal y social. En 2010, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulas las resoluciones ambientales que respaldaban el proyecto.

Dos años antes, en 2002, el presidente Abel Pacheco ya había firmado una moratoria indefinida para la minería metálica de oro. La prohibición definitiva dejó un vacío que nadie supo cerrar: una zona con riqueza aurífera documentada, sin presencia institucional efectiva, a metros del río San Juan. “Prohibir la minería legal sin controlar coligalleros es el peor de los escenarios”, advirtió Giorgio Murillo, director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica.

Tras el abandono de las instalaciones de Infinito Gold, los mineros artesanales comenzaron a llegar sin freno. Lo que era un problema localizado se fue expandiendo. La minería ilegal pasó de afectar unas 900 hectáreas a superar las tres mil, incorporando nuevas zonas como el cerro Conchudita.

Mientras en Costa Rica está absolutamente prohibida la minería metálica, los coligalleros operan con una logística cada vez más sofisticada. Los insumos entran por rutas que rodean los cordones policiales, incluso desde Upala, embarcados en el río San Juan para llegar a Crucitas por el sector de Las Chorreras.

Una red de informantes monitorea los movimientos de la Fuerza Pública en tiempo real, por WhatsApp y radio. Las embarcaciones de transporte público y privado desembarcan en sitios no autorizados tanto del lado costarricense como del nicaragüense, sin que nadie las sancione.