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6 de mayo de 2026
Fernando Berecoechea, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) dio detalles de la situación.
En una entrevista con Gustavo Olivello para Alerta Urbana, el arquitecto Fernando Berecoechea, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), brindó detalles sobre la situación de las 238 unidades habitacionales en General San Martín que permanecen inconclusas desde el año 2023. El funcionario aclaró la postura del Poder Ejecutivo ante los recientes incidentes con referentes locales y nacionales de la oposición, asegurando que el proceso de entrega se realizará bajo estrictos controles administrativos y legales.
Respecto al destino de las viviendas, el titular del IPDUV confirmó que el gobernador Leandro Zdero tomó la decisión política de respetar el sorteo de las primeras 100 familias adjudicadas durante la gestión anterior, siempre y cuando estas superen una auditoría exhaustiva. Berecochea subrayó que se investigará caso por caso para verificar que cada uno de los beneficiarios cumpla con los requisitos legales y sociales exigidos por el organismo para ser adjudicatarios de una vivienda pública, garantizando que el proceso se haya ajustado a derecho.
Por otra parte, la situación de las 138 viviendas restantes presenta un escenario diferente. El arquitecto desmintió que existiera una "lista de consenso" válida, señalando que para que una nómina de este tipo sea legítima, debe estar respaldada por una ordenanza municipal que nunca fue presentada en San Martín. En consecuencia, estas unidades serán sorteadas de manera pública y transparente entre todas las familias de la localidad que se encuentren empadronadas hace años en el IPDUV, sumando también a quienes presenten nuevas demandas habitacionales tras los próximos operativos de inscripción.
Finalmente, Berecoechea fue categórico al referirse a la competencia del municipio y de figuras legislativas en la materia. El funcionario aclaró que ni el intendente local ni los diputados nacionales o provinciales tienen poder de decisión o autoridad legal para adjudicar estas viviendas, las cuales pertenecen al patrimonio de la provincia. Asimismo, lamentó los episodios de tensión vividos el fin de semana en el predio de las obras, calificando el accionar de algunos dirigentes como una forma de política basada en la prepotencia que el Gobierno actual busca dejar atrás.