En medio de las protestas contra la Ley de Glaciares en el Congreso, la policía les tiró gas pimienta a los periodistas y detuvo a un camarógrafo.

La violenta situación ocurrió luego de la detención de 12 activistas que ingresaron al Palacio Legislativo. Los medios, que estaban cubriendo los incidentes, terminaron siendo agredidos por los efectivos que comenzaron a atacar repentinamente.

“Estábamos trabajando, lo agarraron del cuello y lo quisieron sacar”, explicó un compañero del hombre detenido. El mismo se identificó como Facundo Tedeschini del canal América. “Tiraron gases y de la nada empezaron a agredirnos a los equipos periodísticos”, sumó el periodista.

El ataque al camarógrafo quedó registrado en vivo y se vio con claridad el violento accionar de los efectivos: mientras el trabajador de prensa intentaba ponerse de pie luego de haber sido empujado, aun con la cámara en mano, los policías se aceraron, lo rodearon y se lo llevaron detenido. Tedeschini terminó con la cara golpeada y ensangrentado.

El resto de los periodistas presentes en el lugar rápidamente intentaron contener la situación y comenzaron a gritarle a los integrantes de las fuerzas presentes. Sin embargo, todo se descontroló.

Inclusive, minutos antes, la policía le quitó el celular con el que estaba grabando a un motocam de TN, quien se identificó como prensa, pero que de todas maneras fue agredido. Recién logró recuperar el aparato cuando intervino Diego Salas, el vocero de Greenpeace que acompañaba a los activistas.

Los incidentes en el Palacio Legislativo comenzaron luego de que la Policía Federal detuvo a 12 activistas que protestaban contra el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. Los manifestantes saltaron la reja y se ubicaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción hoy en el Senado.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

La organización ecologista Greenpeace ya se había manifestado a principios de mes contra la iniciativa, con un cartel de 50 metros de largo con el mensaje: “El agua es un derecho, no se negocia”.

La especialista en biodiversidad del grupo, Agostina Rossi Serra, explicó: “La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Reducir los estándares de protección actuales, lejos de ser un avance, representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras”.

Además, advirtió: “La reforma de la ley ignora y vulnera gravemente los compromisos tanto nacionales como internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas”.