El 26 de febrero de 1976, a veintiocho días del golpe de Estado, “las ruedas que conducen a una solución militar probablemente ya han comenzado a girar”. El golpe estaba en marcha. La afirmación anterior no es de ningún analista político argentino de la época, ni de los años por seguir. Es parte de un detallado informe que el entonces embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill, un hombre de fuertes lazos con la CIA, envió a Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Gerald Ford que había llegado a la Casa Blanca tras la renuncia de Richard Nixon, en 1974.

Como todos los informes anteriores al golpe que produjo la Embajada para mantener al tanto al Departamento de Estado de la realidad argentina, el documento que firma Hill, “262020 Feb 76 Priority 4648” (fue enviado ese jueves 26 a las ocho y veinte de la noche) es una radiografía detallada y descarnada de aquellos días.

Para echar abajo el intento de enjuiciar a la presidente María Estela Martínez de Perón, había sido decisivo el voto de los diputados del ala sindical del peronismo. Lo curioso es que, gracias a un segundo documento de la Embajada, fechado el mismo día y enviado minutos después del anterior, a las 21.10, “Immediate 4652”, el embajador Hill revela la “estrategia de los gremialistas en caso de golpe militar”, que le fue revelada a la Embajada por un “importante sindicalista” de quien no da más datos. La infidencia se produjo menos de veinticuatro horas después de que el bloque de diputados sindicales del peronismo echara abajo toda posibilidad de enjuiciar a la viuda de Perón.

El miércoles 25 y en las primeras horas del 26, el Congreso había dado marcha atrás con su intención, si la hubo, de iniciar un juicio político a la presidente como una medida destinada a formar un nuevo gobierno y frenar las ambiciones golpistas del poder militar. Diputados no había alcanzado los dos tercios necesarios para enjuiciarla porque, entre otros motivos, parte de los legisladores que habían aceptado, o habían dicho que aceptarían, votar por el sí, a último momento dijeron no. Dice el informe de la Embajada americana:

El peronismo estaba dividido en el Congreso, y en el resto del país, aunque la división se hacía más visible entre los legisladores. Los dos meses previos al golpe, la disputa estaba centrada entre los verticalistas, los moderados y los rebeldes. Los verticalistas apoyaban de manera incondicional a la presidente, aceptaban sus decisiones sin cuestionarlas y exigían la misma cohesión al resto del movimiento. Los moderados pedían, rogaban, exigían de mil modos cambios en el gabinete y rectificaciones en el plan de gobierno porque advertían el riesgo de un golpe militar. Los rebeldes ponían mayor distancia con el gobierno y cuestionaban a Isabel Perón.

“Estamos convencidos de que no hay solución para los trabajadores en otro gobierno que no sea el peronista", dijo Lorenzo Miguel

Entre los rebeldes estaba el “Grupo de Trabajo”. Era un bloque de cerca de treinta diputados del Frente Justicialista de Liberación, (FREJULI) que si bien no se habían rebelado contra la conducción oficial del partido y del gobierno, ni roto con ellos, enarbolaban el anti verticalismo, exigían democracia interna en el peronismo, pedían la depuración del “entorno” presidencial, cuestionaban la obediencia ciega a las decisiones de Isabel, reclamaban que el partido tornara a sus bases populares y veían al PJ cooptado por lo que llamaban “burocracia sindical” y por la rémora del lopezreguismo, los funcionarios que habían acompañado al otrora poderoso ministro de Acción Social, José López Rega, fuera del país desde julio de 1975. También llegaron hasta amenazar con votar el juicio político a la presidente. Integraban aquel Grupo de Trabajo, entre otros Nilda Garré, Julio Mera Figueroa, Alberto Iturbe, Luis Sobrino Aranda, Julio Bárbaro, Juan Gabriel Labaké, Roberto García, del sindicato de taxis, Diego Muniz Barreto y Juan Carlos Dante Gullo, ligado a la Juventud peronista y a la tendencia revolucionaria.

El voto contra el juicio político a Isabel Perón de los diputados sindicales del peronismo estuvo cifrado por una declaración previa al debate en el Congreso hecha por Lorenzo Miguel, que era el titular de las 62 Organizaciones peronistas y secretario general de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La mañana del 25, a su regreso de Neuquén donde pasaba unos días con su familia, Miguel dijo: “Estamos convencidos de que no hay solución para los trabajadores en otro gobierno que no sea el peronista y ello nos lo demuestran los dieciocho años de desgobierno que sucedieron al golpe de Estado de 1955”. A buen entendedor… El líder metalúrgico se paraba en el pasado para augurar un futuro negro al movimiento obrero en caso de un nuevo golpe militar. Adhirieron a su mensaje los sindicalistas Lesio Romero, de la carne, Diego Ibáñez, petrolero, Rogelio Papagno, de la Construcción y el entonces intendente de Avellaneda, Herminio Iglesias, entre otros.

El embajador estadounidense que analiza en la tarde siguiente el debate del 25 de febrero en el Congreso y la decisión del peronismo, incluidos los “rebeldes” del Grupo de Trabajo, de no enjuiciar a la presidente, aporta en su informe al Departamento de Estado un “chismecito del ambiente”. Revela: “Un anti verticalista estrechamente relacionado con los miembros del Grupo de Trabajo comentó anoche a funcionarios de la Embajada que (el Grupo) está convencido de que está a punto de producirse un golpe militar, independientemente de que el Congreso actúe o no para destituir a la Sra. Perón. ‘Por lo tanto, añadió, por qué correr el riesgo de que llamen traidor a nuestro movimiento al ser partícipes de su destitución, si eso tampoco hubiera salvado el orden constitucional”.

El embajador Robert Hill junto a sus hijos y el historiador Dean Dexter en el Palacio Bosch, Buenos Aires (Dean Dexter)

El embajador Hill toma el cinismo que campea en la declaración de la fuente peronista de información de la Embajada y, de paso, se hace pocas ilusiones en cuanto al futuro institucional de la Argentina, mientras imita en cierto modo el cinismo de su fuente. Agrega su informe: “Este último comentario puede haber sido un intento de justificarse. Muchos observadores creen, o creían, que los militares podían abstenerse si el Congreso llegara a una solución constitucional. Balbín, por ejemplo, ha estado advirtiendo en los últimos días que el golpe es inminente e irreversible, a menos que los civiles y políticos actúen de inmediato. El fracaso de la moción de juicio político y la actitud de los diputados peronistas que lo provocaron hace ver como improbable que el Congreso sea capaz de actuar (…) Llegado a este punto, las ruedas que conducen a una solución militar probablemente ya han comenzado a girar, independientemente de que el golpe se produzca la semana que viene, una semana después o incluso un poco más tarde”.

Después de trazar un panorama del oficialismo, “entretanto, los peronistas están confundidos y desparramados”, de probables cambios en el gabinete y de un llamado a sesionar a un congreso del justicialismo, el informe de la Embajada cita la actividad de la viuda de Perón para ese jueves 26 de febrero, sin dejar de mostrar su escasa fe en una solución constitucional a la crisis. “La Sra. Perón tiene prevista una reunión hoy (26 feb) con el líder de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel (que ha regresado de Bariloche) para analizar las posibles medidas que reparen su deteriorada posición (un paso sería, por ejemplo, aceptar la exigencia de los trabajadores de que el gabinete sea renovado completamente). Sin embargo, con independencia del tema que traten, es probable que sea una pérdida de tiempo. Los militares no tienen ganas de prestar atención a los cambios en el gabinete o a otros esfuerzos para fortalecer la posición de la presidencia. Hill”.

Menos de una hora después de enviar el informe anterior, el embajador envió un segundo documento en el que revela que la CGT está convencida de la inminencia del golpe militar y hasta cita incluso una fecha probable, asegura que el movimiento gremial traza en ese momento una estrategia para su supervivencia institucional, arriesga la posibilidad de un choque entre el movimiento obrero y el futuro gobierno militar y se muestra dispuesta al diálogo, al castigo a la dirigencia corrupta y a ceder incluso ciertos derechos, laborales y no laborales a cambio de sobrevivir como institución: una hipótesis que habla de la orfandad de información de la dirigencia sindical, también de parte de la dirigencia política, sobre los reales alcances que tendría la futura dictadura.

Archivos desclasificados de la embajada de Estados Unidos sobre el tratamiento del pedido de juicio político a la presidente Isabel Perón

El informe cita a una importante fuente de información como “uno de los principales representantes del movimiento gremial”, que ya antes ha dado excelente información a la Embajada. No revela su identidad. También, para comprender mejor con quién dialoga el sindicalista peronista, el informe cita a “Labatt” que, lejos de ser el apellido de un funcionario diplomático, remite al “Labour attachment”, el funcionario de la embajada encargado de atender los asuntos gremiales, tal vez también otros asuntos, en aquel agitado clima social y político.

El sumario del informe, menos de diez líneas iniciales, revela que el 26 de febrero un miembro del Comité Ejecutivo de la CGT “expresó a Labatt su creencia de que el golpe militar sería, sin dudas, entre el 3 y el 15 de marzo. La fuente –agrega– es uno de los principales representantes del movimiento gremial que planea su estrategia para la futura supervivencia institucional luego del golpe militar. Destacó que la entidad del embajador Hill frente al nuevo gobierno militare será crucial para salvaguardar la integridad institucional del movimiento gremial”.

En el punto 2 del documento, que desarrolla los pormenores de la entrevista, el informe reitera la convicción del líder gremial peronista sobre la fecha segura del golpe, entre el 3 y el 15 de marzo: “Si bien sus observaciones no pueden ser consideradas concluyentes sobre las intenciones militares, se cree que representan la opinión de un gran e importante sector de la CGT”. De inmediato, el embajador Hill señala al Departamento de Estado la calidad de su fuente, un líder sindical a quien no identifica pero que ha brindado antes valiosa información: “La fuente es la misma que indicó a la Embajada, en julio de 1975, las intenciones de los trabajadores de forzar la salida de López Rega, incluso si ello significaba que la Sra. Perón se fuera con él”. José López Rega, el que fuera poderoso ministro de Bienestar Social del Perón y de su viuda, había sido desalojado del poder y abandonado el país en julio de 1975 luego de que uno de sus allegados, Celestino Rodrigo, ministro de Economía, aplicara el primero de los grandes ajustes económicos del pasado siglo.

Otro documento secreto de la embajada estadounidense y la trama de un informate de la CGT

La fuente sindical peronista de la Embajada confió a su interlocutor los detalles de una extensa reunión en la que la CGT había mantenido el día anterior con varios dirigentes gremiales para discutir la realidad política y gremial del país. Le dijo al funcionario estadounidense que todos los dirigentes que se habían sentado alrededor de una gran mesa, estaban convencidos de que el golpe militar sería antes del 15 de marzo. Incluso le cedió a “Labatt” una copia del memorándum que había servido como base de la discusión, acordado por el resto de los gremialistas. Se trata, en parte, de los mismos dirigentes que el 25 de febrero habían votado no al juicio político a la presidente como un último, acaso vano, intento de frenar la asonada militar y ahora, según el informe, estaban dispuestos a dialogar con el futuro gobierno militar, a aceptar sus condiciones e incluso a ceder parte de sus derechos a cambio de la supervivencia institucional.

Sigue el informe del embajador Hill al Departamento de Estado: “Los principales puntos fueron: los desarrollos de los días por venir podrían originar el derrocamiento del gobierno; la ruptura del orden constitucional podría generar una confrontación irreparable entre los trabajadores y el gobierno, o podría ser el comienzo de un acuerdo real, profundo, sobre el futuro del país. Una acción de persecución hostil de los militares obligaría a los gremialistas a responder del mismo modo, usando todas las presiones nacionales e internacionales disponibles. La intervención militar de los sindicatos favorecería a los comunistas quienes inmediatamente formarían sindicatos paralelos. Si los militares respetaran el movimiento gremial y desearan dialogar, se podría llegar a un consenso total sobre los cambios que fuesen requeridos, incluyendo el de algunos dirigentes, y las suspensiones de ciertas garantías legales, tanto laborales como no laborales (…)”.

El informe agrega luego que esa dirigencia sindical “podría aceptar el exilio de los dirigentes gremiales ‘más obviamente corruptos’ (cita textual a la fuente) y aceptarían voluntariosos eliminar los beneficios económicos que legalmente le correspondieran a los trabajadores ‘en favor de la recuperación económica’. Luego dijo que el embajador Hill desempeñaría un rol crucial luego del golpe, ya que sin dudas los militares lo llamarían para que los guiara (…)”.

El "grupo de trabajo", la UCR, las 62 Organizaciones Gremiales peronistas y las reuniones en torno a la crisis en la tapa del diario Clarín del 27 de febrero

El dirigente gremial recalcó la importancia del embajador Hill y de sus buenos oficios para encausar un probable diálogo entre las futuras autoridades militares y los sindicatos. El diplomático americano le dijo entonces que ni el embajador, ni el gobierno de Estados Unidos actuarían en los asuntos internos de Argentina. Pero el dirigente de la CGT replicó que el sindicalismo “está convencido de que los militares llevarán este asunto al embajador. En consecuencia esperaban que el embajador pudiera explicarles a los militares la necesidad de llegar a un acuerdo aceptable para el movimiento gremial”.

La valiosa, y anónima, fuente información de la Embajada, recordó que existía una invitación previa que Hill le había hecho para cenar juntos. No sólo la recordó, que le gustaría aceptarla: “Sin embargo, agregó que consideraba que no era el momento propicio”.

El informe termina con una observación del embajador estadounidense: “La información, tal como fue presentada, se cree es un recuento preciso de la posición de importantes dirigentes gremiales. Obviamente, están excluidos de este grupo Lorenzo Miguel y aquellos que siguen leales a la Sra. Perón. Hill”.