Gran conmoción se vive desde hace casi 48 horas en la pequeña localidad de Espigas, partido bonaerense de Olavarría, tras el hallazgo de los cadáveres de un hombre, su esposa y su hijastra de cuatro años dentro del dormitorio de una casa rural. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la principal sospecha es que el padre de la familia mató a la mujer, a la niña y luego se suicidó.

La escena fue descubierta el jueves en una vivienda situada en el establecimiento rural “El Rincón”, ubicado a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 226, entre las ciudades de Olavarría y San Carlos de Bolívar. Según informó Noticias de Azul en los primeros reportes, los fallecidos son Miguel Ángel Romero (39), su pareja D.C. (34) y la hija de ella, Z.I.U. (4).

La calificación del expediente es homicidio doblemente agravado por ser cometido contra una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y homicidio agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de genero (femicidio) y seguido de suicidio en contexto de violencia familiar y de género seguido de suicidio.

De acuerdo con los datos aportados por fuentes locales, la familia residía en una de las tres casas del predio, que compartían con otros empleados rurales. La ausencia de Romero en su puesto de trabajo generó inquietud y llevó a un compañero a acercarse hasta su vivienda. Al no obtener respuesta, dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes hallaron sin vida a los tres integrantes de la familia.

Noticias de Azul detalló que efectivos de la Policía Científica, el jefe de la Departamental de Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y autoridades municipales participaron en las tareas investigativas. Al campo también asistió la fiscal de la causa, Mariela Viceconte, de la Fiscalía de Violencia Familiar y Género del Departamento Judicial de Azul, y el Juzgado de Garantías N°2 de Olavarría, a cargo de Carlos Eduardo Villamarín, quedó a cargo de la intervención judicial.