Después de meses de discusión entre si llevar adelante un bono, una suma fija o dar vía libre a las paritarias, el Gobierno estableció que el refuerzo para los ingresos será una asignación no remunerativa de única vez de $24.000 para el sector privado, con sueldos de hasta $161.859. Según lo establecido en el Boletín Oficial, debe pagarse de forma obligatoria, en una cuota, antes del 31 de diciembre.

Sin embargo, en un relevamiento realizado por Ámbito en consulta con Cámaras empresarias pymes, hay empresas “complicadas” para pagarlo porque tiene que otorgarse el mismo mes que se paga el aguinaldo, las vacaciones, y la jornada doble por los feriados en un contexto de caída en el consumo.

Por eso, llevaron planteos al Gobierno para ver si lo pueden pagar en cuotas, o a partir de enero, o que quede absorbido en paritarias. Inclusive, desde las gremiales empresarias aseguraron que hay un pequeño porcentaje que no podrá pagarlo, en los casos de las empresas más chicas, o en las que estén con problemas de producción por falta de insumos.

Así surge de la consulta de Ámbito a cámaras empresarias como la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la Confederación Empresaria Argentina (Cgera), Industriales Pymes (IPA), la Cámara de Comercio (CAC) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba). “En un relevamiento que hicimos, los más preocupados son los comercios chicos, de 2 o 3 empleados, que todavía no pudieron pagar el aguinaldo, y no tienen espalda financiera”, aseguró Fabian Castillo, titular de Fecoba.

Ante la consulta de qué va a pasar en los casos donde la empresa no pueda cumplir, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, aseguró en declaraciones a TV Pública: “Esas situaciones puntuales se tienen que resolver por acuerdo entre las partes. Cuando digo entre las partes es con el gremio. No con cada empleado, que estaría en una posición de mucho desequilibrio y tendría que aceptar por adhesión. Si hay un acuerdo con el gremio que justifique, para nosotros ese acuerdo rige”.

El viernes de la semana pasada, Natalio Mario Grinmann, presidente de la CAC, le envió una carta el ministro de Economía, Sergio Massa, para solicitar que el bono pudiera pagarse con el sueldo devengado de diciembre, esto es, que el plazo de pago se extienda hasta el 5 de enero próximo. Según pudo saber este diario, de momento no tuvieron respuesta.

Por otro lado, la CAME si avanzó con una reunión con el Gobierno. El presidente de la entidad, Alfredo González, le pidió a Olmos que el bono pueda ser absorbido en caso de que estuviese acordado en los convenios colectivos de trabajo. “La ministra expresó que la solicitud está prevista dentro del último párrafo del artículo citado”, dice un comunicado difundido por CAME. Sin embargo, para que esto ocurra debe ser aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri. Los empresarios llevarán la propuesta a la reunión paritaria, prevista para la primera quincena de enero. “Dependemos del sindicato”, manifestó una fuente empresaria.

Además, desde CAME también estuvieron reunidos con AFIP, donde propusieron modificaciones para que el pago del bono se pueda reducir del anticipo del impuesto a las ganancias y que se prevea un reembolso al monotributista empleador. Sin embargo, estos pedidos no prosperaron. “Así como está planteado no es una ayuda a la pyme, tal como fue la voluntad del decreto, porque no se financian con el fisco, las que podrán beneficiarse son las grandes empresas”, analizó González, presidente de CAME.

“El 75% de las empresas son de 1 a 13 empleados, les impacta de lleno en la caja”, agregó. El planteo de la cámara es que termina siendo “solo un diferimiento financiero, ya que lo que no se paga de anticipo, se paga de saldo de las DDJJ”.

De todos modos, las empresas todavía esperan la reglamentación de AFIP que deje establecida la letra chica de cómo serán las condiciones y plazos para poder deducir el bono. Inclusive, por los bajo hay pymes que aseguran que sin esa información, pueden tomar como que el bono puede pasar a pagarse a enero, por no contar con toda la información que dice el decreto.