El contador Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Alberto Abad, declaró como testigo en el juicio oral por la obra pública en la que la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner e hizo referencias a sobreprecios y uso de facturas falsas en las obras que recibieron las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz.

Mecikovsky comenzó su la declaración a las 9:30 y finalizó a las 17:30. Es un testigo importante porque desde la AFIP inspeccionó las empresas de Báez y en la gestión de Alberto Fernández fue denunciado por la AFIP por hostigamiento fiscal a Cristina Kirchner. El contador dijo que la denuncia se basó en una auditoria adulterada.

El testigo contó que como funcionario de la AFIP fue convocado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para analizar el uso de facturas falsas en las obras públicas de Báez y si en ellas se pudo haber cometido delitos. La respuesta del testigo fue que sí y que para eso se usó otra empresa que el empresario administraba Báez, Gotti SA.

“Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo de los activos”, dijo y agregó que “los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”.

La declaración de Mecikovsky generó permanentes cortocircuitos entre las partes. Hubo objeciones mutuas entre la Fiscalía y la defensa y hasta un llamado de atención de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, a Juan Villanueva, abogado de Báez, sobre su forma de actuar en el juicio.

La sospecha de las defensas, y quedó plasmado en denuncias, es que Mecikovsky actuó por orden del gobierno de Mauricio Macri para perjudicar a Báez y a Cristina Kirchner. En esa línea, la defensa de Báez le preguntó si alguna vez había estado en la Casa Rosada. Mecikovsky contestó que sí y que fue para reunirse con el equipo del entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por el pedido de licencia que había hecho la esposa del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, a su cargo en la regional de AFIP de San Juan.

En el caso se juzgan las irregularidades en las 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellas los fondos con sobreprecios para proyectos viales que no se terminaron y se pagaron en su totalidad. Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Báez están imputados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y provinciales.
Ayer declaró el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con su testimonio terminó la etapa de los ex jefes de Gabinete que tuvo Cristina Kichner cuando fue dos veces presidenta. “Me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque lo que están discutiendo son cuestiones políticas no judiciables”, dijo el presidente Alberto Fernández en su declaración de la semana pasada en la que tuvo un cruce tenso con el fiscal Diego Luciani, que le pidió que no le faltara el respeto. “Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara”, señaló en otro tramo de su declaración.

Tras la declaración de Mecikovsky, lo harán Martín Cergneux, ex funcionario de Vialidad Nacional en Santa Cruz, el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hicieron peritaje que concluyó que en cinco obras de Báez hubo irregularidades.

Cuando terminen los testigos, los acusados podrán optar de declarar. Hasta ahora lo hicieron muy pocos. Una de ellas fue Cristina Kirchner. Luego llegará la etapa en el que las partes harán sus alegatos en el que piden condena o absoluciones. La siguiente etapa es que las partes se respondan los alegatos, los acusados digan sus últimas palabras y luego el veredicto del tribunal.