El gobernador Jorge Capitanich participó este miércoles, por videoconferencia, de una reunión con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, en donde estuvieron la mayoría de los mandatarios provinciales, para avanzar en la instrumentación de un acuerdo para estabilizar por 90 días los precios de al menos 1.432 productos que impulsa el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior.

“El país atraviesa un proceso de recuperación económica que conlleva también el aumento del consumo. Por eso, coordinamos acciones para desacelerar el incremento de precios”, explicó Capitanich, quien agregó: “Nos unimos para garantizar el cuidado del bolsillo de los argentinos. La recuperación económica está en marcha. Somos la garantía de que unidos, vamos a seguir avanzando”.

El acuerdo sobre Comercio Justo y Precios Accesibles tratado durante el encuentro, titulado “Argentina comienza a ponerse de pie”, plantea en uno de sus pasajes que “es momento de acompañar las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para retrotraer los aumentos de precios al 1 de octubre, y establecer hasta el 7 de enero de 2022 la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final para todos los productores, comercializadores y distribuidores de los productos indicados”.

Así, Alberto Fernández y parte de su gabinete brindaron precisiones sobre las razones y los alcances de este programa de 90 días para una canasta de 1.432 productos básicos de gran consumo masivo. En este sentido, las provincias ratificaron su respaldo al acuerdo y se comprometieron a acompañar las tareas de fiscalización y control para su cumplimiento.

“Los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico”, sostiene el documento, el cual agrega que “si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras Pymes se debilita”.

El acuerdo plantea la necesidad de contar con “instrumentos económicos e institucionales estables y permanentes que garanticen rentabilidades empresarias razonables; una distribución justa del excedente a lo largo de las cadenas productivas, protegiendo a sus actores más débiles; y el acceso de los trabajadores a los bienes y servicios de consumo básico a precios accesibles”.