En medio de una crisis sanitaria, social y política, en Chile cada vez crece más el descontento y los pedidos de reforma para limitar el accionar de la fuerza policial del país, Carabineros, acusada de gatillo fácil y de violaciones a los derechos humanos en años recientes, según instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y organizaciones como Amnistía Internacional.

El caso de la muerte de un joven malabarista, asesinado por un carabinero hace días en la sureña localidad de Panguipulli -800 kilómetros al sur de Santiago- mientras se resistía a un control policial, fue el más reciente escándalo y el caso que terminó de revivir las demandas de una refundación total del cuerpo policial.

Según el INDH, entre el inicio de las protestas masivas de octubre de 2019 y noviembre pasado, 3.383 chilenos denunciaron ser víctimas de abusos o violaciones a sus derechos fundamentales, aún con las manifestaciones habían menguado por la explosión de la pandemia de coronavirus y el inicio de las medidas restrictivas para frenar los contagios.

En total, en 2020 se registraron 417 denuncias judiciales de víctimas de los Carabineros. Sin embargo, la discusión social y política sobre Carabineros ya venía tomando fuerza desde antes.

En noviembre de 2018, el entonces sargento y miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros Carlos Alarcón asesinó al comunero mapuche Camilo Catrillanca, durante un operativo policial en la sureña localidad de Temucuicui.

El ahora exsargento fue condenado como autor de los delitos de "homicidio simple consumado de Catrillanca" y de "homicidio simple frustrado de (alias) M.A.P.C", y el caso también terminó con sentencias penales para seis carabineros y un abogado de la fuerza.
 

El presidente Piñera siempre respaldó a Carabineros frente a los reclamos de cambios y reformas estructurales.

El juicio marcó la primera profunda crisis dentro de la institución policial -forzó la salida del director general del momento, Hermes Soto- y alimentó un importante movimiento de protestas de la comunidad mapuche, que durante meses exigió verdad y justicia al Gobierno de Sebastián Piñera, y luego escaló a reivindicaciones sociales y políticas más amplias.

Aunque al calor de los sucesivos casos de gatillo fácil el apoyo a sus reclamos fue creciendo hasta alcanzar pedidos de reforma y hasta la refundación de la fuerza policial por parte de dirigentes y partidos de la oposición y organizaciones internacionales como Amnistía, hasta ahora los cambios se limitaron al reemplazo del director general y "un mea culpa" y promesa de "actualización" del nuevo titular, Ricardo Yáñez.

Ya en inicios de 2020, Fuad Chahín, presidente de la opositora Democracia Cristiana (DC), advertía a Télam que Carabineros "viven una crisis muy profunda y lamentable" que atraviesa por denuncias de "graves violaciones a los derechos humanos".

El abogado de 43 años propuso entonces "dividir a Carabineros en tres policías distintas", una "policía más blanda", en segundo lugar "una policía investigativa altamente profesionalizada, con mucha tecnología y preparación" y otra policía "especializada en orden público y fuerzas especiales".

Pero la oposición nunca se unió alrededor de esta propuesta y el Gobierno -que presentó un proyecto de reforma en 2018 pero no mostró voluntad para hacerla avanzar en el congreso- ni siquiera la tomó en cuenta, pese que en 2019 el tema se había convertido en uno de los más calientes del debate político nacional.

Sólo ese año, Amnistía Internacional relevó que 5.558 chilenos denunciaron ser víctimas de violencia institucional de Carabineros, de las cuales 1.938 afirmaron ser lesionadas con armas de fuego, 674 presentaron lesiones físicas, de las cuales 285 fueron lesiones oculares.

La mayoría de estos heridos fueron víctimas de la masiva represión de las protestas del último trimestre, una represión condena por todo el arco opositor, organizaciones internacionales y la ONU.

"Más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas, de acuerdo con el Ministerio de Salud", sostuvo el informe de Amnistía y fue lapidaria sobre la responsabilidad de la represión: "Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes".
 

La conclusión de Amnistía Internacional fue clara: la institución de Carabineros "está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población".

La conclusión de la organización internacional fue clara: la institución de Carabineros "está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población".

Aún si en un momento ordenó el repliegue de los policías -un reconocimiento implícito de los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en la represión de octubre y noviembre de 2019- el presidente Piñera siempre respaldó a Carabineros frente a los reclamos de cambios y reformas estructurales.

"Los carabineros no son de izquierdas ni de derechas, no son de gobierno ni de oposición, son de todos los chilenos y todos tenemos un deber de respeto y reconocimiento", dijo el mandatario durante la ceremonia de cambio de mando de la fuerza policial el 25 de noviembre de 2019, cuando aún el tema enardecía las calles de todo el país.

Con la pandemia y la promesa de una Convención Constituyente, que será electa en abril, las protestas y los reclamos se aplacaron un poco hasta que en octubre pasado un carabinero empujó a un joven manifestante de 16 años desde un puente al lecho del río Mapocho, en el centro de Santiago, una imagen que impactó nuevamente a los chilenos.

Sebastián Zamora Soto, de 22 años, está actualmente en prisión preventiva acusado de "homicidio frustrado" y fue expulsado de la institución, pero para los que reclaman cambios el problema no es individual, sino de la fuerza de seguridad en su conjunto, como volvió a probar el asesinato del joven malabarista la semana pasada, cuando se negó a un control preventivo de identidad, una prerrogativa que Carabineros sumó en 2016, durante el Gobierno de la socialista Michelle Bachelet.

Hoy ese mismo partido de centro-izquierda cuestiona esta función policial.

El senador socialista, excanciller y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó a este tipo de control de "completamente inútil" y solicitó "eliminar el control de identidad, porque es una mala herramienta".

"Está claro que la relación entre delincuencia y control de identidad es muy baja o ninguna, y en realidad la gente controlada no tiene ningún problema. Sirve como un elemento discriminatorio y muy molesto para la gente", argumentó.