El Gobierno busca bajar la tensión con Chile y descarta que exista una controversia diplomática por el buque que reabrirá la conexión comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas. En la Casa Rosada sostienen que la relación con la administración de José Antonio Kast se mantiene en buenos términos, pese a los cruces públicos entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna por las condiciones de navegación del carguero Danstar. La posición del Ejecutivo es preservar el vínculo bilateral mientras sigue los preparativos de la embarcación, que tiene previsto realizar su primer viaje en diciembre.
La interpretación política que circula en Balcarce 50 apunta principalmente hacia Londres. En sectores del Gobierno sospechan que el Reino Unido busca provocar tensiones entre la Argentina y Chile antes de que se concrete la primera navegación. Consideran que una confrontación bilateral podría favorecer los intereses británicos al desplazar la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur hacia un enfrentamiento entre dos países que mantienen una relación estratégica.
En el Ejecutivo aseguran que la comunicación entre ambas Cancillerías es fluida y permanente, pero evitan precisar si existieron intercambios específicos sobre el viaje del Danstar. No niegan conversaciones recientes entre Quirno y Pérez Mackenna por el tema. La posición oficial es que los dos países cuentan con marcos normativos para abordar situaciones de estas características y que las diferencias expresadas públicamente no constituyen, por el momento, un conflicto diplomático.
El principal dato que manejan en la Casa Rosada está relacionado con el contenido del cargamento. En Nación sostienen que la información disponible indica que el Danstar no transportará suministros destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La evaluación coincide con la postura de la empresa chilena Easter Island, que negó cualquier participación en el abastecimiento de la explotación hidrocarburífera. Sin embargo, no se difundió una verificación oficial independiente sobre el destino final de la totalidad de las mercaderías.
El buque llegó este lunes a Punta Arenas después de partir de Valparaíso el 29 de octubre y completar su navegación por los canales australes. Antes de iniciar las operaciones comerciales, ingresó a instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena para realizar trabajos técnicos. El primer viaje hacia las Malvinas está previsto para el 17 de diciembre, según el cronograma difundido para la reactivación de una ruta marítima directa que dejó de funcionar en 2011. La conexión permitirá transportar alimentos, materiales de construcción y otros productos de consumo hacia las islas.
Javier Milei y José Antonio Kast en Chile (Foto: Presidencia).
La evolución del recorrido había generado inquietud en ámbitos militares argentinos. La semana pasada, antes de confirmarse su llegada a Punta Arenas, fuentes vinculadas con el seguimiento marítimo advirtieron que el carguero había dejado de aparecer temporalmente en los sistemas públicos de localización. En ese momento circulaban especulaciones sobre la posibilidad de que adelantara su salida y comunicara el viaje con poca anticipación. La confirmación posterior de su arribo y del cronograma de diciembre modificó ese escenario.
Los cruces entre los gobiernos comenzaron a tomar dimensión pública después de las declaraciones de Quirno sobre el régimen de navegación hacia las Malvinas. El canciller argentino sostuvo que las embarcaciones deben cumplir las exigencias previstas en la legislación nacional cuando atraviesan aguas jurisdiccionales argentinas. Pérez Mackenna respondió que Chile reconoce el derecho de libre navegación establecido internacionalmente y descartó que su país deba solicitar un permiso por una operación comercial privada. La discusión gira alrededor de las obligaciones que debe cumplir el buque, sin que se haya anunciado una medida diplomática contra alguno de los dos Estados.
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La Argentina cuenta con una normativa específica sobre esos desplazamientos. El decreto 256/2010 establece que los buques que se dirigen hacia las Malvinas atravesando aguas jurisdiccionales argentinas deben solicitar una autorización previa. La decisión administrativa 930/2017 atribuye a la Dirección Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur la facultad de conceder o denegar esas solicitudes, mientras que la Prefectura Naval Argentina interviene en su gestión y control operacional. El Gobierno evita confirmar si la empresa operadora del Danstar presentó la solicitud correspondiente o si existieron comunicaciones formales sobre el procedimiento que debería cumplir.
En ámbitos vinculados con el seguimiento marítimo explican que el Danstar todavía no registra antecedentes de navegación bajo jurisdicción argentina y que su tráfico conocido se concentró hasta ahora en la conexión con la isla de Pascua. Por ese motivo, sostienen que no corresponde interpretar la ausencia de registros en el Sistema Guardacostas como una irregularidad. La embarcación todavía no realizó el trayecto hacia las Malvinas, que será su primera operación comercial en esta ruta.
La discusión sobre una eventual infracción apunta principalmente a la empresa que opera el carguero. En sectores militares advierten que la falta de autorización podría derivar en sanciones contra la armadora y, eventualmente, contra el capitán del buque, si se verifican los presupuestos legales correspondientes. La interpretación es que se trata de una operación comercial privada y que un incumplimiento de la normativa argentina no debería transformarse automáticamente en una controversia diplomática con el Estado chileno.
Pablo Quirno y Carlos Presti viajaron a Tierra del Fuego para ver la zona donde se construirá la Base Naval Integrada (Foto: Ministerio de Defensa).
Sin embargo, en ámbitos militares consideran que el Ejecutivo debería evaluar la aplicación del régimen de paso no inocente previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sostienen que esa alternativa permitiría endurecer la posición argentina frente a una eventual navegación sin autorización, aunque reconocen que no advierten voluntad política de avanzar en esa dirección. Su aplicación requeriría acreditar circunstancias específicas que justifiquen restringir el paso y no se desprende automáticamente del destino de la embarcación.
La preocupación argentina se concentra especialmente en la posibilidad de que una conexión comercial termine facilitando actividades hidrocarburíferas no autorizadas. En septiembre, el Ejecutivo publicó el decreto 868/2026, que fortaleció los mecanismos de control y sanción vinculados con la explotación de recursos en los espacios marítimos reclamados. La normativa también incorporó exigencias para acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cuando existen vínculos con actividades alcanzadas por las restricciones argentinas. El Gobierno distingue el abastecimiento comercial ordinario de la participación directa o indirecta en proyectos petroleros desarrollados sin autorización nacional.
El conflicto por Sea Lion tiene, además, una instancia judicial en desarrollo. La Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El objetivo es impedir el inicio o la continuación de determinadas actividades de explotación de hidrocarburos mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia de fondo. Después de las audiencias del 10 y el 11 de noviembre, los jueces fijaron tentativamente el 28 de noviembre para comunicar su decisión.
La cautela oficial también responde a los compromisos políticos asumidos por Milei y Kast. En un comunicado conjunto difundido el 3 de septiembre, el gobierno chileno reiteró su respaldo a los derechos argentinos de soberanía sobre las Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Santiago también ratificó la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa. En la Casa Rosada buscan preservar ese acompañamiento diplomático y evitar que la operación de una empresa privada altere el entendimiento entre ambas administraciones.
Por ahora, la Casa Rosada mantiene una estrategia de cautela y descarta una controversia diplomática con Chile. El Gobierno seguirá atento al recorrido del Danstar, a la información sobre su cargamento y a la decisión que adopte el Tribunal del Mar antes de fin de mes. En el oficialismo consideran que una confrontación anticipada con Santiago desviaría el foco de la disputa principal, que continúa centrada en los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas y en las actividades del Reino Unido en el Atlántico Sur.