El gobierno argentino completó esta semana una estrategia legal para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas a las Malvinas. Fue en Hamburgo, Alemania, en la sala de audiencias el Tribunal del Mar (TIDM), donde presentó una batería de argumentos en una disputa abierta contra el Reino Unido que incluyeron la discusión histórica de fondo: la soberanía sobre las Islas. Mientras espera el fallo del organismo internacional, previsto para el próximo 28 de noviembre, la Argentina ahora mira a Chile ante la inminente reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago.
La confluencia de estos dos frentes del ámbito de la política exterior no es accidental. El buque Danstar, operado por la naviera chilena Easter Island Logistics, está previsto que zarpe con insumos hacia Puerto Stanley entre la segunda y tercera semana de diciembre, según confirmó el gerente general de la empresa, Pablo Pacheco, a La Prensa Austral. Para entonces, el TIDM ya habrá emitido su orden sobre las medidas provisionales que Argentina solicitó para suspender las perforaciones -y posterior extracción- de hidrocarburos en una zona ubicada a unos 198 kilómetros al norte del archipiélago.
Desde la perspectiva argentina, el viaje del Danstar no es un asunto comercial separado del litigio en Hamburgo: es parte del mismo conflicto. Sobre todo por las especulaciones y preocupaciones de un sector de la política local de que la ruta Punta Arenas–Malvinas pueda convertirse en un corredor de abastecimiento para las empresas petroleras que operan en las islas. La naviera chilena lo descarta de forma categórica.
“Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, afirmó Pacheco. De las 1.200 toneladas de capacidad disponibles para carga, la empresa informó que ya tiene comprometida más de la mitad.
A pesar de la buena relación entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, y entre sus cancilleres, Pablo Quirno y Francisco Pérez-Mackenna, hay una tensión solapada en torno a la navegación. El funcionario argentino defendió en términos generales la libertad de navegación durante el plenario del G20 en Atlanta al asegurar que “ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales”.
Sin embargo, esta semana fue más preciso en declaraciones en A24 y en radio Rivadavia, donde trazó una línea que Buenos Aires considera decisiva: “El tema es cuando salen a Malvinas. Hay un proceso de pedido de autorización y compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, y esto es lo que hemos conversado con el gobierno chileno y así se van a mantener”, afirmó.
El canciller diferenció explícitamente el Estrecho de Magallanes —enfático, dijo que es “chileno, punto”— de las aguas que el Danstar deberá cruzar una vez que abandone el estrecho rumbo al archipiélago, que son las que Argentina considera bajo su jurisdicción y donde exige autorización previa. La réplica del canciller chileno fue inmediata y sin matices. Consultado esta semana por los dichos de Quirno sobre la necesidad de solicitar autorización para el tránsito, según consignó BioBioChile, señaló que “Los países no piden permiso”.
Un importante funcionario explicó a este medio que la embarcación debe “notificar” su paso por aguas argentinas. De manera puntual, el Gobierno espera que la naviera Easter Island pida la autorización correspondiente y que Chile indique que no va a colaborar con la logística de la explotación de los recursos naturales, de acuerdo a la normativa para los buques que se dirigen a las islas y atraviesan aguas bajo jurisdicción nacional.
Chile, en tanto, invoca el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que garantizan la libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes. También apela a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El diputado republicano Alejandro Riquelme, integrante de la coalición de gobierno del presidente Kast, sostuvo a Infobae que la reapertura de la ruta comercial “no responde a un pedido del Reino Unido”, avaló un eventual suministro a empresas petroleras vinculadas a Sea Lion y señaló que no sería ilegal por sí mismo. ”Abastecer a las Islas Malvinas es una actividad lícita, y el eventual suministro a empresas petroleras también lo es, siempre que cumpla con las normas aplicables. El carácter petrolero de una empresa no convierte, por sí solo, ese comercio en ilegal”, reiteró.
El parlamentario -que compitió por la gobernación de Magallanes- defendió el argumento que presenta el gobierno chileno de que se trata de un negocio entre privados. “Se busca establecer un servicio regular. Han circulado referencias a una frecuencia mensual, pero corresponde a la naviera confirmar el calendario definitivo. Para Magallanes, lo relevante es la oportunidad que representa para nuestros proveedores, las pymes y el empleo regional”, indicó Riquelme. El potencial comercial de esta ruta -estiman en Chile- es de aproximadamente 20 millones de dólares anuales.
Y agregó: “Chile ha respaldado históricamente desde el año 1992 los derechos de soberanía que reclama Argentina y una solución pacífica de la controversia mediante negociaciones. Esa posición no cambia por una operación comercial de abastecimiento desde Punta Arenas. Existe una serie de conflictos alrededor del mundo China-Taiwán, Rusia-Ukrania, o en el actual estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán. Chile podría tomar una posición en esos conflictos, pero no significa que no podamos comenzar con esos países o a quienes apoyemos. Históricamente, Chile ha sido un defensor del libre comercio y quién ha liderado tratados bilaterales con el mismo fin; un reconocimiento de soberanía no significa dejar de comerciar con los países”.
“En el caso particular de intercambio de alimentos, bienes y servicios con la población de las islas no constituye, por sí mismo, un reconocimiento de soberanía británica. Naturalmente, cualquier operación debe cumplir la normativa aplicable y los compromisos internacionales de Chile. También corresponde distinguir el abastecimiento de la población de actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en disputa, que requieren un análisis específico”, completó.
La avanzada parlamentaria
La tensión diplomática tuvo reflejo legislativo en Argentina. La diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó el expediente 5831-D-2026, que busca calificar como “no inocente” el tránsito de buques de cualquier bandera que se dirijan a puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o que transporten cargas vinculadas a actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas o pesqueras en esos territorios. La iniciativa faculta a la Prefectura Naval Argentina o a la Armada a ordenar la detención, el cambio de rumbo o el abandono de las aguas, y habilita la retención del buque en un puerto argentino si se encuentra en aguas bajo jurisdicción nacional.
La propuesta designa explícitamente al Danstar entre sus antecedentes y afirma que “esta nueva ruta marítima claramente socava nuestro reclamo de soberanía y constituye un apoyo directo a las actividades ilegales del Reino Unido de Gran Bretaña”.
Viernes
13 de Noviembre de 2026
