La Casa Rosada endurece su postura frente a los gobernadores y comienza a prepararse para competir con las PASO nacionales vigentes en 2027. El Gobierno mantiene su intención de suspender las primarias, pero descarta adelantar acuerdos electorales para conseguir los votos en el Congreso. En la conducción de La Libertad Avanza consideran que Javier Milei conserva una ventaja frente a los mandatarios provinciales y que el oficialismo llegará en mejores condiciones a la negociación durante los próximos meses.
“Nos vamos a sentar a esperar. No vamos a adelantar ningún acuerdo. No tenemos ningún tipo de apuro”, aseguran en Nación. En Balcarce 50 sostienen que no retirarán candidaturas provinciales como condición para obtener respaldo legislativo. “Barato no cerramos. Nosotros tenemos el ancho de espada. No nos van a correr”, agregan en el entorno presidencial.
La estrategia responde a una evaluación interna sobre el costo de negociar durante un período de debilidad política y económica. Cerca del armado libertario reconocen que cerrar ahora las alianzas implicaría aceptar condiciones más exigentes sobre candidaturas, listas y participación en los gobiernos provinciales. La expectativa es atravesar los próximos meses sin compromisos definitivos y recuperar capacidad de negociación antes de 2027.
La decisión final sobre los acuerdos territoriales queda en manos de Karina Milei, que mantiene el control del armado nacional junto con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. En ese sector aseguran que recibieron instrucciones para acelerar la organización partidaria en las provincias y repetir la estrategia de 2025. La prioridad es fortalecer candidatos propios antes de resolver qué alianzas resultan convenientes.
“Por ahora no bajamos ningún candidato”, expresan en la conducción oficialista. El Gobierno proyecta competir en la mayoría de los distritos, con excepciones donde existen entendimientos más avanzados, como Entre Ríos, Chaco, San Juan y San Luis. Aun en esos casos, las condiciones definitivas de las alianzas siguen sujetas a negociación y a la aprobación de la secretaria general de la Presidencia.
La provincia de Buenos Aires tendrá un tratamiento diferente. La Casa Rosada mantiene la intención de construir un frente amplio con sectores del PRO y de la UCR para enfrentar al peronismo. El entendimiento contempla una distribución más extensa de candidaturas y espacios de participación política. En el oficialismo consideran que unificar a las fuerzas aliadas es fundamental para disputar la gobernación.
Córdoba aparece entre los distritos donde La Libertad Avanza pretende competir con mayor intensidad. En Nación proyectan una campaña fuerte para disputar el poder al peronismo provincial, mientras que la Ciudad de Buenos Aires permanece abierta. El Gobierno todavía no resolvió si impulsará una candidatura propia contra el PRO o si alcanzará un acuerdo para compartir la oferta electoral.
En las provincias donde no se cierre una alianza formal, el oficialismo mantiene bajo análisis acuerdos de competencia con los gobernadores. Ese esquema puede incluir la fortaleza de los candidatos, el despliegue territorial, los recursos destinados a la campaña y la participación de Milei en actividades provinciales. La intención es conservar presencia partidaria sin que todas las disputas alcancen el mismo nivel de confrontación.
El endurecimiento de la postura también alcanza directamente a la reforma política, que continúa demorada en el Senado. El Ejecutivo necesita 37 votos para aprobar una modificación del régimen electoral y cuenta con 21 senadores propios. Por eso, debe sumar respaldos de la UCR, el PRO y legisladores provinciales. El proyecto todavía no tiene dictamen y no existe una nueva fecha cerrada para retomar su tratamiento.
En otro sector del oficialismo advierten que la estrategia puede impedir la suspensión de las PASO. Sostienen que los gobernadores no garantizarán el acompañamiento de sus legisladores mientras La Libertad Avanza mantenga abiertas las candidaturas contra sus administraciones. También señalan que la negociación debe incluir contactos individuales con senadores que no responden directamente a los mandatarios provinciales.