La Cámara Federal de Casación Penal dio esta semana el primer paso para comenzar a revisar la sentencia por el hundimiento del ARA San Juan, que condenó al excapitán de navío Claudio Villamide y absolvió a otros tres ex altos mandos de la Armada. En rigor, la Sala IV abrió un plazo de 10 días para que las partes amplíen los fundamentos de sus impugnaciones antes de que se fije la audiencia en la que podrán desarrollar oralmente sus planteos.
El expediente quedó radicado a fines de septiembre ante los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Allí tramitan los recursos presentados contra el fallo dictado el 8 de julio por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, luego de un juicio iniciado en marzo en Río Gallegos que se extendió durante casi 30 audiencias y reunió a cerca de 90 testigos, entre submarinistas, técnicos, especialistas y familiares de los 44 tripulantes del buque.
El tribunal oral estuvo integrado por Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez. Por mayoría, los dos primeros condenaron al exoficial Villamide, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos, la autoridad operativa sobre esa clase de buques, a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Giménez, en cambio, votó por absolverlo.
Los tres magistrados coincidieron en desvincular penalmente a Luis López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, superior inmediato de Villamide y autoridad con control operativo sobre los distintos componentes de la fuerza -Infantería de Marina, Aviación Naval, Fuerza de Submarinos y Flota de Mar-; Héctor Alonso, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, órgano asesor del comandante de esa fuerza; y Hugo Correa, entonces jefe del Departamento de Operaciones de ese Estado Mayor.
De izquierda a derecha, el excapitán de navío Claudio Villamide, destituido por las Fuerzas Armadas en 2021, junto a sus defensores Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo
Durante los alegatos, un equipo de cuatro fiscales encabezado por Gastón Franco Pruzán había pedido condenas para todos los imputados. En la misma línea se pronunciaron Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de una de las dos querellas constituidas en el proceso. Después del fallo, el Ministerio Público Fiscal y esa representación impugnaron las tres absoluciones, mientras que la defensa del único condenado reclamó que se dejara sin efecto la decisión adoptada en su contra.
A esos planteos se sumó el de Luis Tagliapietra, padre del teniente Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los 44 marinos fallecidos, quien mediante una querella separada también había solicitado penas para los cuatro acusados. Tras el veredicto, pidió la nulidad del juicio oral realizado en Río Gallegos y la celebración de un nuevo debate en Mar del Plata.
La última misión y las horas previas a la desaparición
Para determinar las eventuales responsabilidades de la cadena de mando, el juicio reconstruyó buena parte de la última misión del submarino, desde su partida de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 hasta la pérdida de contacto, ocurrida tres semanas más tarde. El ARA San Juan, un submarino TR-1700 construido en los astilleros Thyssen, en la ciudad de Emden, entonces República Federal de Alemania, e incorporado a la Armada Argentina en 1985, salió para cumplir una orden de operaciones dividida en distintas etapas: debía navegar hasta la Base de Ushuaia, desarrollar actividades con unidades del Comando de la Flota de Mar y, posteriormente, iniciar una patrulla de control de los espacios marítimos en el Atlántico Sur para luego volver a su puerto natural en Mar del Plata.
El San Juan arribó a la Base Naval Ushuaia el 4 de noviembre sin presentar novedades. Al día siguiente, integrantes de la propia dotación repararon una falla en un interruptor y, el 6 de noviembre, el submarino realizó una navegación protocolar con autoridades judiciales y políticas de Tierra del Fuego. Durante esa salida fue a inmersión durante un par de horas y efectuó, a modo de simulación, el lanzamiento de un grupo de buzos tácticos.
El entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, había sido invitado a participar de esa actividad por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Marcelo Srur, aunque finalmente la invitación no se concretó.
El capitán de fragata Pedro Martín Fernández, junto al capitán de navío Claudio Villamide y otras autoridades, durante la navegación protocolar realizada por el ARA San Juan el 6 de noviembre de 2017, días antes de su desaparición
Dos días después, el 8 de noviembre, la unidad volvió a zarpar. El 11, al noreste del estrecho de Magallanes, participó de un ejercicio antisubmarino junto con unidades de la Flota de Mar, en el que logró imponerse frente a dos buques de superficie durante un juego táctico. El comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, consignó posteriormente el resultado como “satisfactorio” en un informe.
Finalizada esa actividad, la nave se dirigió hacia el área “Juliana”, la zona de patrulla que le había sido asignada. Ahí debía permanecer durante 10 días antes de emprender el regreso a la ciudad balnearia. La tarea comprendía la vigilancia del mar, la obtención de información sobre pesqueros ilegales en inmediaciones de la milla 200 y el registro del tránsito marítimo de la zona.
Toda esa cronología -la escala en Ushuaia, las actividades realizadas durante esos días, la nueva partida, el ejercicio antisubmarino y el posterior ingreso al sector de patrulla- fue reconstruida mediante documentación y testimonios incorporados al debate.
Mientras cumplía esa última etapa de la misión, el submarino atravesó un fuerte temporal, con condiciones de mar 6 y olas de entre cuatro y seis metros. La noche del 14 de noviembre, alrededor de las 22.30, ingresó agua de mar a través del sistema de ventilación hasta el tanque de baterías N° 3, ubicado en el compartimento de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio.
La novedad fue comunicada a tierra a las 23.42. El jefe de Operaciones del submarino, Fernando Vicente Villarreal, habló por teléfono satelital con Hugo Miguel Correa, quien cumplía la misma función dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos. A partir de entonces se sucedieron otros intercambios, tanto por vía satelital como mediante el sistema radioeléctrico primario de alta frecuencia (HF).
En uno de esos contactos, Villamide -superior inmediato de Fernández- canceló la patrulla y le ordenó regresar a base.
El Comando de la Fuerza de Submarinos, ubicado en la Base Naval Mar del Plata
Después del incidente, el ARA San Juan emergió para ventilar el buque y cargar sus baterías eléctricas, por lo que permaneció en superficie bajo las adversas condiciones meteorológicas. Durante el juicio, varios submarinistas explicaron ante el tribunal que este tipo de nave está concebido principalmente para operar en inmersión y que, al permanecer en superficie, queda más expuesta al vaivén del océano y a la inestabilidad generada por el oleaje. Para la mañana siguiente ya seguía una derrota de regreso hacia Mar del Plata.
La última comunicación satelital conocida ocurrió a las 7.19 del miércoles 15 de noviembre. Para entonces, el submarino ya se encontraba en inmersión, a plano periscopio -unos 18 metros de profundidad-. Durante el juicio, la mayoría de los expertos consultados consideró que esa maniobra era indicativa de que el comandante entendía que el incidente se encontraba bajo control. En ese contexto, el teniente Fernando Villarreal volvió a comunicarse con el capitán Correa y le informó que la intención de Pedro Fernández era descender luego a plano profundo, a unos 40 metros, permitir que descansara la tripulación -agotada tras las horas transcurridas en superficie en medio del temporal- y, posteriormente, ingresar al tanque de baterías para realizar un control de daños.
A partir de ahí hubo silencio de radio.
A las 10.52, estaciones del sistema internacional de monitoreo detectaron un evento hidroacústico en proximidades de la última posición conocida del buque. Ese registro sería luego asociado con la implosión, aunque la información no llegó de inmediato a quienes conducían la búsqueda.
El 22 de noviembre, el contralmirante López Mazzeo tomó conocimiento, a través de la Marina de los Estados Unidos, de la existencia de ese fenómeno. Para entonces, la Operación de Búsqueda y Rescate (SAR) llevaba seis días desplegada, con cooperación internacional de distintas fuerzas navales, entre ellas las de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Brasil, Chile y Uruguay.
Al día siguiente, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) validó la señal y la describió como “un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”.
Una de las principales incógnitas que atravesó el juicio fue, precisamente, qué ocurrió entre la última comunicación teléfonica de las 7.19 y aquel evento registrado tres horas y media más tarde. Testigos y expertos expusieron al menos cinco hipótesis destinadas a explicar cómo la tripulación pudo haber perdido el control de la nave.
El submarino ARA San Juan durante la navegación protocolar en Ushuaia (Gentileza: CN (RE) Carlos Frank)
Entre las explicaciones examinadas estuvo una eventual pérdida de propulsión provocada por un blackout, que hubiera dejado al submarino sin la energía necesaria para recuperar la superficie; el ingreso de una nueva vía de agua que agravara la emergencia ya existente; y una posible explosión de gas hidrógeno acumulado en el sector de baterías.
Esta última hipótesis fue una de las que mayor consenso recogió entre los oficiales de la Armada y especialistas que analizaron el caso durante el juicio. El hidrógeno es un gas que liberan las baterías y que, en determinadas condiciones, puede acumularse en la atmósfera del compartimento hasta alcanzar una concentración inflamable, situada a partir de aproximadamente el 4%. Según la explicación desarrollada durante las audiencias, una eventual ignición habría podido producirse de manera súbita y con suficiente violencia como para neutralizar total o parcialmente a la tripulación, antes de que pudiera reaccionar ante la emergencia.
Ese escenario también fue analizado a partir de las maniobras disponibles para intentar recuperar rápidamente la superficie. Los submarinistas explicaron que, ante una situación crítica, la dotación podía recurrir al soplado de los tanques de lastre y resistentes, mediante la inyección de aire comprimido para expulsar el agua y conseguir flotabilidad positiva en un lapso breve. Sin embargo, después de la última comunicación no quedó registro de que se hubiera ejecutado una maniobra de ese tipo.
Tampoco se registró el lanzamiento de pirotecnia de emergencia ni la utilización de balsas salvavidas, otros elementos que fueron ponderados durante el debate al intentar reconstruir qué pudo haber ocurrido después de las 7.19.
Junto con esa posibilidad se consideraron otras combinaciones de fallas y contingencias capaces de explicar la pérdida de control y el posterior descenso hasta superar la profundidad de colapso, el punto en el que la presión ejercida por el mar sobre el casco resistente excede su capacidad estructural. A falta de pericias técnicas que pudieran reconstruir de manera directa la secuencia final, ninguna de esas hipótesis permitió establecer de forma concluyente qué ocurrió en los últimos minutos del submarino.
Los restos fueron encontrados el 17 de noviembre de 2018, poco más de un año después de la desaparición, por el buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, a 907 metros de profundidad y a casi 600 kilómetros en línea recta de Comodoro Rivadavia. A bordo viajaban 11 oficiales y 33 suboficiales y cabos: 43 hombres y una mujer.
Los 44 tripulantes del ARA San Juan -43 hombres y una mujer- eran oriundos de 14 provincias del país (Créditos: Netflix)
El estado del submarino y la discusión técnica
Las condiciones del ARA San Juan antes de su última misión constituyeron otro de los grandes núcleos del juicio. A lo largo de las audiencias se examinaron registros de mantenimiento y material, informes de navegación, órdenes operativas, obras pendientes y evaluaciones sobre los distintos sistemas de la unidad, con posiciones contrapuestas respecto de si estaba en condiciones de cumplir la misión que le había sido asignada.
Dentro de ese análisis también se revisó el proceso de reparación de media vida realizado en el complejo Tandanor-CINAR entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, una intervención de gran magnitud destinada a extender la vida útil del submarino y que incluyó trabajos sobre distintos sistemas y componentes de la nave.
Entre esa extensa documentación figuró el Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), una evaluación reglamentaria que se realizaba ante un cambio de comando y también de manera periódica. En su confección intervenían los responsables de los distintos sectores del submarino -máquinas, propulsión, electricidad, armas y otros sistemas-, con la verificación de sus respectivos superiores y la participación del jefe de Operaciones, el segundo comandante y, finalmente, el comandante de la unidad. A partir de la revisión y prueba del material se asignaban distintas calificaciones, que se integraban en un índice final de 0 a 5. Las planillas incluían además un apartado específico para determinar si el buque estaba “habilitado” o no para cumplir operaciones navales.
Durante el juicio por el ARA San Juan también se analizó la reparación de media vida realizada en Tandanor-CINAR entre 2007 y 2014, como parte del examen sobre las condiciones técnicas del submarino antes de su última misión (Foto AP/Mario de Fina, archivo)
El ICEM confeccionado en septiembre de 2017, poco antes de la última navegación, llevaba la firma del comandante Fernández, consignaba al ARA San Juan como “habilitado” y le asignaba una calificación final de 4,25 sobre 5.
También se discutieron en Río Gallegos las denominadas pruebas de 48 horas pre-zarpada, un protocolo previo a cada salida durante el cual se ponen en servicio y verifican los equipos y sistemas necesarios para navegar y entrar en inmersión. Durante el juicio, la fiscal María Garmendia Orueta, integrante del equipo del Ministerio Público Fiscal encabezado por Gastón Pruzán, sugirió la posibilidad de que esos controles no se hubieran realizado antes de la partida del 25 de octubre.
Sobre ese punto, se explicó durante el debate que, según el procedimiento vigente en aquel momento, las planillas donde se asentaban los resultados de las pruebas permanecían a bordo del submarino y no se conservaba una copia en tierra.
En ese contexto, y ante la ausencia de ese respaldo documental, cobraron especial relevancia las declaraciones de quienes habían participado de aquella navegación. Uno de ellos fue el actual capitán de corbeta Juan Gabriel Viana, entonces teniente de fragata y jefe de Navegación del ARA San Juan, quien afirmó que las pruebas sí se habían efectuado antes de la salida desde Mar del Plata.
Uno de los ejes centrales del juicio iniciado en marzo por el hundimiento del ARA San Juan fue el estado material del submarino y las condiciones en las que cumplió su última misión (NA)
El oficial Viana había formado parte de la dotación al comienzo de la misión, pero desembarcó en Ushuaia para incorporarse a una comisión en un submarino de la Armada de Brasil. Otro tripulante, el suboficial primero Humberto Vilte, también dejó la embarcación en la capital fueguina debido a que su madre se encontraba internada y, al igual que Viana, confirmó durante el proceso que las pruebas destinadas a verificar los sistemas y mecanismos antes de salir se habían completado.
Aún así, sobre la aptitud general del submarino se enfrentaron dos lecturas.
Para la Fiscalía y las querellas, la falta de una inspección de seguridad, el estado de alistamiento de la unidad y la existencia de pruebas y obras pendientes daban cuenta de que el buque no se encontraba en condiciones aptas para cumplir la misión asignada y, por lo tanto, resultaba inseguro para navegar en los términos previstos por la orden de operaciones. Según plantearon en sus acusaciones, ese cuadro había generado un aumento indebido del riesgo en una actividad que, por su propia naturaleza, ya implicaba peligros.
La defensa de Villamide, para el caso, partió de una premisa diferente. Invocó el Reglamento General del Servicio Naval, la normativa que regula el accionar de la Armada y de sus integrantes, y remarcó que la decisión final de disponer la zarpada de un buque corresponde a su comandante. Desde esa perspectiva, argumentó que si el capitán Fernández ordenó la zarpada fue porque, en ejercicio de aquella responsabilidad, consideró que el ARA San Juan reunía las condiciones de seguridad necesarias para cumplir la misión y participar de las actividades en cuestión. También sostuvo que, a partir del conjunto de la prueba producida durante el proceso, no surgía ningún indicio que permitiera considerar al submarino una nave insegura para navegar.
En esa discusión quedaron comprendidos el ICEM, las pruebas previas, los trabajos todavía pendientes y los informes producidos durante navegaciones anteriores.
De derecha a izquierda, los fiscales María Andrea Garmendia Orueta, Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla y Julio Zárate, integrantes del equipo acusador en el juicio por el ARA San Juan desarrollado en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos
Otro aspecto de fuerte contenido técnico fue el sistema de mantenimiento de las unidades navales. Durante el juicio se explicó que los trabajos se dividían en cuatro escalones: los dos primeros correspondían a tareas preventivas que podían ser realizadas por la propia dotación, mientras que los de tercer y cuarto escalón superaban la capacidad de la tripulación y requerían gestionar su presupuesto y posterior ejecución en un arsenal.
Ese esquema adquirió especial relevancia al analizar la denominada ECO-19, una válvula del sistema de ventilación por donde se estima que habría ingresado el agua la noche del 14 de noviembre. Sobre ese componente no existía una Solicitud de Obra Correctiva (SOC), el procedimiento administrativo utilizado para canalizar una reparación que debía realizarse fuera de las posibilidades de mantenimiento del personal embarcado.
Había, sin embargo, un antecedente.
Durante una navegación de julio de 2017, el submarino había sufrido otro ingreso de agua al sector de las baterías. Fernández consignó posteriormente el episodio en un informe de patrulla y lo atribuyó a una “falta de estanqueidad”, una expresión cuyo alcance técnico fue objeto de discusión durante el juicio.
Distintos testigos y especialistas fueron consultados sobre si aquella descripción podía corresponder a un desgaste del material, una avería estructural, un defecto en el cierre de la válvula o una cuestión vinculada con su operación: por ejemplo, que hubiera quedado abierta cuando debía permanecer cerrada o que un cierre deficiente hubiese permitido el paso de agua.
La defensa, encabezada por Juan Pablo Vigliero, respondió a esa hipótesis durante su alegato. Sostuvo que, de haber existido una falla estructural en la ECO-19, el ingreso de agua debería haberse repetido durante las sucesivas maniobras de snorkel realizadas en las navegaciones posteriores y remarcó que, según su planteo, eso no ocurrió.
Los abogados Vigliero y Crespo, defensores de Villamide, junto a los representantes legales de Hugo Miguel Correa, Héctor Aníbal Alonso y Luis Enrique López Mazzeo, durante el debate
La condición general de la nave fue abordada también a partir de las obras que seguían pendientes, entre ellas el ingreso a dique seco para realizar el carenado y otros trabajos técnicos. Para la acusación, ese conjunto debía valorarse como parte de un mismo cuadro al analizar si el submarino estaba en condiciones de ejecutar la operación. Todas las defensas, en cambio, diferenciaron la existencia de tareas pendientes de una eventual falta de seguridad náutica.
Al dictar sentencia, Reynaldi y Baronetto entendieron que la responsabilidad de Villamide no derivaba de una única decisión, sino de una cadena de omisiones relacionadas con sus deberes de supervisión y control como comandante de la Fuerza de Submarinos. Dentro de ese razonamiento incluyeron el episodio de julio: para la mayoría del tribunal, luego de recibir el informe en el que Fernández había mencionado la “falta de estanqueidad”, debió disponer una inspección que permitiera establecer qué había sucedido y cuál era el estado del sistema, aun cuando no existiera una SOC abierta sobre la ECO-19.
Los magistrados ponderaron también una inspección de seguridad que había sido ordenada y no llegó a concretarse antes de la partida del 25 de octubre. Para ambos, las responsabilidades propias del cargo no se agotaban en aceptar la información proporcionada por el comandante del submarino, sino que imponían profundizar técnicamente determinados antecedentes.
Giménez, por su parte, llegó a otra conclusión. Si bien reconoció que podían advertirse incumplimientos, entendió que no se había demostrado, con el grado de certeza exigido en materia penal, que esas conductas hubieran provocado el hundimiento.
De izquierda a derecha, los jueces Luis Alberto Giménez, Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto
Esa diferencia volvió a colocar en el centro del caso lo ocurrido durante las últimas horas: para la defensa del excapitán de navío, si no es posible determinar qué fenómeno produjo efectivamente la pérdida de control, tampoco puede establecerse el nexo causal necesario para atribuir a Villamide un delito de resultado como el estrago.
Las absoluciones de los otros tres acusados tuvieron fundamentos distintos. En el caso de López Mazzeo, el tribunal entendió que había actuado bajo el principio de confianza y sobre la base de información que indicaba que la unidad estaba habilitada. Respecto de Alonso, consideró que sus tareas como jefe del Estado Mayor eran esencialmente de asesoramiento y que no integraba la cadena de mando directa sobre el alistamiento material.
Sobre Correa, en tanto, concluyó que sus funciones dentro del Departamento de Operaciones eran administrativas y de asesoramiento y que carecía de facultades para impedir la zarpada.
El expediente quedó radicado en la Cámara Federal de Casación Penal a fines de septiembre y ahora comenzó a correr el plazo de 10 días previsto para que las partes puedan ampliar los fundamentos de los recursos presentados contra la sentencia
Lo que ahora deberá analizar Casación
Todas esas discusiones -desarrolladas durante extensas audiencias atravesadas por documentación naval, reglamentos militares, testimonios de submarinistas, informes técnicos y distintas explicaciones posibles sobre el naufragio- son las que ahora llegan a la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa de Villamide, integrada por Vigliero y Magalí Crespo, pidió dejar sin efecto la condena. Como planteo principal cuestionó la validez de la acusación fiscal y, subsidiariamente, planteó que el fallo no alcanzó el grado de certeza necesario para responsabilizarlo. En sentido contrario, el Ministerio Público Fiscal y las querellas buscan revertir las tres absoluciones.
Tagliapietra, además, planteó la nulidad del juicio realizado en Río Gallegos y reclamó un nuevo debate en Mar del Plata. En su recurso fue especialmente crítico con el desarrollo de la investigación y con la ausencia de pericias técnicas que, a su criterio, permitieran profundizar sobre las causas del hundimiento. Sus cuestionamientos alcanzaron particularmente a la etapa de instrucción, que estuvo a cargo de la jueza federal Marta Yáñez y del fiscal Lucas Colla, y también incluyeron decisiones adoptadas durante la tramitación de la causa, restricciones denunciadas durante las audiencias y la competencia territorial.
Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino, pidió anular el juicio realizado en Río Gallegos y celebrar un nuevo debate en Mar del Plata
Ese conjunto de planteos deberá atravesar ahora la instancia de revisión.
El máximo tribunal penal federal ya dio el primer paso procesal para empezar a definir la cuestión: puso el expediente durante 10 días a disposición de las partes para que amplíen por escrito los fundamentos de sus recursos de casación. Una vez vencido ese término, deberá fijarse una audiencia de informes, en la que Fiscalía, querellas y defensas podrán desarrollar oralmente sus posiciones ante los camaristas Carbajo, Hornos y Borinsky.
Si los recursos son admitidos, todo lo expuesto durante aquellas largas audiencias, de árido y marcado contenido técnico, volverá a quedar bajo análisis. La Sala IV deberá entonces resolver los cuestionamientos formulados contra la condena a Claudio Javier Villamide, las absoluciones de los otros tres ex altos mandos navales y los restantes aspectos de la sentencia dictada en Río Gallegos.
