El gobernador Leandro Zdero firmó el decreto 1420/2026 mediante el cual se actualizó el denominado "Ajuste por Revisión", un mecanismo contemplado en la Ley 3424-A que busca equiparar las remuneraciones de determinados cargos judiciales del Chaco con los salarios percibidos por magistrados de similar jerarquía en otras provincias del Nordeste Argentino.

La medida entró en vigencia el 1 de junio de 2026 y tiene como finalidad garantizar que los haberes netos correspondientes al cargo de Juez de Cámara no queden por debajo del promedio salarial de los jueces de segunda instancia de Corrientes, Formosa y Misiones.

De acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Técnica, la actualización necesaria para alcanzar ese objetivo fue del 3,57% respecto de la media regional. Como resultado, el haber neto de referencia para un juez de Cámara chaqueño quedó fijado en aproximadamente $6.631.396, prácticamente idéntico al promedio calculado para las provincias tomadas como referencia, que asciende a $6.631.413.

El decreto establece además que el "Ajuste por Revisión" se calculará sobre el sueldo básico y la compensación jerárquica de los agentes alcanzados. Para el período correspondiente a junio de 2026, la Comisión Técnica determinó un coeficiente del 1305,69% aplicado sobre esos conceptos, una fórmula técnica prevista en la normativa vigente y que no representa un incremento directo equivalente en los ingresos de bolsillo.

Para definir la actualización se tomaron como base los haberes netos de magistrados de segunda instancia de tres provincias de la región. Según la documentación oficial, los salarios considerados fueron de $6.454.124 en Corrientes, $7.584.772 en Formosa y $5.855.342 en Misiones.

La disposición no solo alcanza al Poder Judicial. También comprende al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Fondo de Retiros, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El sistema de revisión salarial fue modificado en los últimos años y actualmente se realiza de manera trimestral. Las evaluaciones se efectúan en febrero, mayo, agosto y noviembre, con aplicación efectiva en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Si bien el decreto ya fue firmado por el Poder Ejecutivo, la medida fue dictada ad referéndum de la Cámara de Diputados, por lo que deberá ser remitida a la Legislatura para su correspondiente ratificación.