Pese a que el Gobierno y las universidades acercaron posiciones, las negociaciones por el presupuesto continúan trabadas por la cláusula que puso el Ejecutivo de retirar la demanda que debe resolver la Corte Suprema. Sin esperar una resolución, gremios docentes anunciaron nuevas medidas de fuerza para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

A través de un comunicado, la organización que nuclea a los gremios de las distintas universidades nacionales -Conadu- anunció un paro en las actividades de una semana entre el 16 y el 20 de junio.

En simultáneo, convocaron a clases públicas en distintos puntos del país para este martes, incluidos los Tribunales de Buenos Aires donde funciona la Corte Suprema, y otras acciones en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires el 11 y el 16 de junio, respectivamente.

Las nuevas medidas de fuerza se anunciaron mientras el Gobierno y las casas de estudio representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúan las conversaciones para destrabar el conflicto.

La propuesta del Gobierno a las universidades

Según explicó TN la semana pasada, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida del poder adquisitivo de parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluye la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

Según explicaron a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representa llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. Se trata de una cifra menor al 0,75% que exige la Ley de Financiamiento vigente (que sigue sin ejecutarse), pero entre los rectores consideran que es una propuesta “razonable” para comenzar a destrabar el conflicto.

El punto muerto de las negociaciones: la cautelar judicial

Pese a que ambos sectores reconocen condiciones para avanzar, las conversaciones encontraron un punto muerto debido a una condición que puso el Gobierno: que las universidades retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento.

Dicha ley nunca fue aplicada por la Casa Rosada con el argumento de que el texto no establecía de dónde obtener el financiamiento para su ejecución. Sin embargo, la comunidad universitaria presentó una cautelar ante la Justicia para exigir el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas en función de la variación del IPC.

En el Gobierno sostienen que dicha cifra, que ronda los 2,5 billones de pesos, atenta contra el superávit fiscal. La disputa debe ser dirimida por la Corte Suprema.