En una entrevista brindada a Gustavo Olivello en Alerta Urbana, el abogado Juan Arregín confirmó su designación como defensor técnico del intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini. La decisión surge tras las declaraciones del fiscal de Investigaciones Penales N° 3, Marcelo Soto, quien en un diálogo previo con este medio no descartó la posibilidad de citar e incluso detener al jefe comunal en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades financieras.
Arregín fue contundente al señalar que la estrategia de defensa se activó de manera inmediata para "abrir el paraguas" ante lo que consideran una pérdida de objetividad por parte del Ministerio Público Fiscal. Según el letrado, la información brindada por el fiscal Soto a este medio fue el detonante para formalizar la presentación judicial de Cipolini, quien ya fijó domicilio y se puso a disposición de la justicia para evitar cualquier medida restrictiva de su libertad.rregín Abogado defensor del Intendente Bruno Cipolini.mp3
Gracias a used, nos enteramos de que está evaluando la posibilidad de detener al intendente. Entendemos nosotros que sin pruebas, en el marco de una cuestión que carece de objetividad", afirmó Arregín durante la entrevista, subrayando que las palabras del fiscal fueron resguardadas como prueba de un posible prejuzgamiento. Para la defensa, el hecho de que un funcionario judicial ventile posibles imputaciones en medios de comunicación antes de notificarlas formalmente representa una irregularidad grave.El abogado también vinculó el avance de la causa con intereses políticos. Arregín sugirió que existe una presión externa para obtener beneficios electorales a traés de la judicialización de la figura de Cipolini, a quien describió como un referente social sin antecedentes delictivos y ajeno a las maniobras investigadas, las cuales involucran al secretario de Gobierno en licencia, Diego Landriscina.
Finalmente, la defensa no descartó la presentación de un habeas corpus preventivo si el riesgo de detención persiste. "No se puede exponer a que lo conduzcan con la fuerza pública porque a alguien se le ocurre, aunque sea un fiscal", sentenció Arregín, reafirmando que el intendente siempre ha estado a derecho y que su principal interés es que la situación se resuelva con transparencia y ajustada a la ley.
