La causa que investiga el contrapunto entre la Bolsa de Comercio del Chaco y el Municipio de Sáenz Peña por una inversión de la Comuna dio novedades este martes. Bajo las órdenes de la jueza Zunilda Niremperger y a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos. Los operativos alcanzaron la sede central de la Bolsa de Comercio en Resistencia, diversas oficinas de la Municipalidad de Sáenz Peña y domicilios en la localidad de Charata, se infiere que es la empresa agraria que libró cheques que luego no canceló y que tendrían vinculación con la operatoria cuestionada.
Se busca documentación clave sobre la ruta del dinero y la trazabilidad de los cheques no garantizados.
Uno de los hechos más significativos de la jornada fue la interceptación de Julio Barrios Cima, gerente general de la Bolsa, en el peaje de la Ruta 16, en Makallé. Según trascendió, el directivo fue abordado por las fuerzas federales, quienes procedieron al secuestro de su teléfono celular. Este dispositivo es considerado una pieza de valor incalculable para la fiscalía, ya que podría contener registros de comunicaciones, autorizaciones y negociaciones directas con los actores involucrados y hace poco presentó un escrito para mantenerse en libertad.
CONTEXTO
Para entender la magnitud de estos allanamientos, es necesario recordar que el caso comenzó con la denuncia del intendente Bruno Cipolini, quien acusó a la Bolsa de haber desviado inversiones "conservadoras" hacia operaciones peligrosas sin su consentimiento. Sin embargo, la entrada de la Justicia Federal —impulsada inicialmente por la denuncia de un socio de la entidad, Víctor Ruiz Díaz— cambia el foco de la carátula. Ya no se discute únicamente una administración fraudulenta o una estafa local, sino la posible violación de la Ley de Mercado de Capitales (N° 26.831) y delitos interjurisdiccionales que involucran la fe pública y el sistema financiero nacional.
Mientras la justicia provincial avanzaba con embargos preventivos para resguardar el patrimonio municipal, la justicia federal busca ahora desenterrar la estructura de fondo. Los procedimientos en Charata no son casuales; apuntan al nexo con el empresario, librador de los cheques cuestionados que terminaron en la cartera del municipio saenzpeñense. Con los servidores de la Bolsa bajo pericia y el teléfono de Barrios Cima en manos de la Justicia Federal, la investigación avanza.
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