Una mujer fue condenada a tres años de prisión condicional y al pago de $35 millones como compensación económica en Salta luego de que admitiera haber cometido 48 hechos de estafa vinculados a la captación ilegal de fondos por medio de una financiera, bajo la promesa de otorgar elevados rendimientos semanales a las víctimas.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por Walter Inda, secretario letrado, alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con Patricia Jimena Vidaurre, quien reconoció su responsabilidad penal como autora de estafas reiteradas en concurso real. La homologación del acuerdo fue dispuesta por el juez Nicolás Rodríguez Pipino durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.

Según se expuso, la investigación de la UDEC comenzó en agosto de 2025 tras denuncias de personas que habían entregado dinero a una financiera ilegal conocida como "Inversiones Alyson". Allí, los inversores recibían la promesa de obtener rendimientos semanales del 40% al 60%, que eran calculados con base en el monto que destinaran a las supuestas inversiones realizadas.

Las operaciones se gestionaban principalmente por grupos de WhatsApp y el dinero era entregado en forma presencial o mediante transferencias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

En un primer momento, los pagos acordados se efectuaron puntualmente, lo que generó confianza y motivó a los participantes a incrementar sus inversiones y recomendar la operatoria a otras personas. Pero, poco después, los pagos comenzaron a demorarse y finalmente se interrumpieron, junto con la comunicación con quienes reclamaban la devolución de los fondos.

La investigación permitió incorporar nuevas denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación de "Préstamos e Inversiones Alyson". También se solicitaron informes a entidades bancarias y financieras sobre las cuentas empleadas para recibir los fondos y se tomaron declaraciones testimoniales a los damnificados.

Tras haberse recibido múltiples denuncias al respecto, en agosto de 2025, la UDEC dispuso una serie de medidas para determinar el alcance de la maniobra. Fue así que Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto a su pareja y al hijo de éste, aunque respecto de ellos el proceso continúa.

Como parte de los operativos, se realizaron allanamientos en Salta Capital y Rosario de Lerma, donde se secuestró documentación relevante. Además, a pedido de la Fiscalía, se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.

El cúmulo de pruebas permitió ampliar la imputación de 32 a 48 hechos de estafa, sobre los que Vidaurre admitió su responsabilidad penal. Según el acuerdo judicial, deberá abonar la suma acordada en nueve cuotas, permaneciendo embargado uno de sus inmuebles hasta completar el pago.

En línea con esto, se le impusieron reglas de conducta por tres años. Entre ellas, indicaron que deberá fijar domicilio y mantenerlo actualizado, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en la dependencia policial más cercana a su domicilio. Finalmente, el juez ordenó su inmediata libertad bajo las condiciones pactadas.

Un abogado del fuero local de Salta, identificado como Lucas Ignacio M. G., enfrenta ahora más de 130 cargos penales en una investigación que apunta a una presunta red de fraudes operada durante años en el sistema judicial provincial. Recientemente, la UDEC actualizó la acusación durante una audiencia ante el juez de Garantías, llevando el total de imputaciones en su contra a 138 hechos de estafas procesales reiteradas, falsificación de instrumento privado y abuso de firma en blanco.

El caso involucra también a otras tres personas, dos de ellas incorporadas recientemente a la causa, acusadas de integrar una maniobra sistemática que utilizaba pagarés firmados en blanco para iniciar juicios ejecutivos contra personas que desconocían la existencia de esas deudas. Como resultado, varias víctimas sufrieron embargos sobre sus sueldos y bienes sin haber sido notificadas previamente.

La fiscal auxiliar Ahanduni presentó la acusación actualizada contra los investigados desde mayo y sumó a los dos nuevos imputados. Según el Ministerio Público Fiscal, el acusado pasó a enfrentar 64 hechos de estafas procesales, 24 de falsificación de instrumento privado y 50 de abuso de firma en blanco.

Previo a esto, a Lucas Ignacio M. G. se le habían imputado 77 cargos, distribuidos de forma variable entre las mismas figuras delictivas. Una mujer coimputada acumula 118 hechos bajo los mismos delitos, mientras que los otros dos hombres incorporados responden por 14 y 6 hechos respectivamente de estafas procesales.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, las víctimas eran captadas en situación de vulnerabilidad económica. Se les ofrecían préstamos informales bajo condiciones abusivas y, a cambio, debían firmar documentos en blanco. Posteriormente, estos eran completados con montos desproporcionados o datos falsos para iniciar las demandas. Además, se utilizaron domicilios inventados, lo que impedía a las víctimas recibir notificaciones judiciales y defenderse, lo que derivó en el embargo de sus sueldos y bienes.

La causa se originó cuando los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos de Salta detectaron patrones repetidos de irregularidades en expedientes representados por el mismo abogado. Informaron a la UDEC sobre la existencia de domicilios duplicados o compartidos entre demandados y actores, lo que motivó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Tras analizar más de 70 expedientes judiciales, se identificaron múltiples conductas repetidas que sustentaron la acusación.

Fue así que la Fiscalía incorporó nuevos testimonios y denuncias penales de personas que figuraban como demandadas. Algunas aseguraron haber firmado pagarés en blanco que luego fueron completados con datos que desconocían, mientras que otras negaron haber suscrito los documentos utilizados para iniciar los juicios.

A partir de esto, la UDEC solicitó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, la prohibición de salida del país, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados.

El 29 de abril, con autorización judicial, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, incluyendo el estudio jurídico del abogado, viviendas particulares y varios inmuebles señalados en los expedientes. En el estudio se secuestró dinero en pesos y moneda extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. Además, en la vivienda de la mujer coimputada, se incautaron dinero, cuadernos, carpetas, títulos de crédito en dólares y comprobantes bancarios.

Durante los operativos, se constató la existencia de domicilios ficticios en los expedientes, evidenciada por el hallazgo de propiedades desocupadas o ajenas a los acusados, lo que refuerza la hipótesis de fraude sistemático dentro del sistema judicial de Salta.