>Los vecinos de Pilar tragan bronca. Hace 10 días empezó a regir una modificación en la Tasa de Derecho Ambiental que fija un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra. La decisión generó la reacción de economistas, cámaras del sector comercial y cadenas de supermercados.

Fue el punto de quiebre en su carrera. Logró vencer al entonces jefe comunal macrista Nicolás Ducoté y recuperar para el peronismo el control de un distrito decisivo de la primera sección electoral.

El 24 de marzo de 2023 el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, junto a Elisa Carrió, la líder de ese espacio político, presentaron una denuncia ante el fiscal general del departamento de San Isidro, John Broyad, por presuntas licitaciones direccionadas, sobreprecios y contrataciones otorgadas a personas cercanas al intendente Achával.

La presentación judicial se sustenta en un informe periodístico publicado por el portal El Disenso, donde se detallan las operaciones y los presuntos vínculos entre proveedores beneficiados y funcionarios responsables del área de compras.

Uno de los nombres centrales mencionados es el de Héctor Torres, señalado en la denuncia como un “proveedor multirubro” que fue dado de alta en la AFIP en agosto de 2020 y que, en pocos meses, se habría convertido en un actor clave dentro del esquema de compras municipales.

Carrió y Yofe sostienen que esta modalidad permitiría “triangular” compras, inflar números o direccionar licitaciones, algo que la Justicia deberá evaluar en la investigación.

La denuncia afirma que esos movimientos se habrían realizado mediante presuntas maniobras fraudulentas, vulnerando la normativa de contratación pública y generando un perjuicio directo para el Estado. En uno de los tramos, Carrió y Yofe plantean: “Esta falta puede importar un perjuicio económico para el Estado provincial, en tanto se la podría privar de acudir al mercado y obtener potenciales mejores ofertas”.

Otro capítulo crítico es el debate por el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, impulsado por Achával. Concejales del PRO y de sectores independientes aseguran que el proyecto habilitaría al municipio a confiscar terrenos y propiedades privadas para incorporarlos a un supuesto “banco de tierras” municipal, alineado con el gobernador Kicillof y con el enfoque del Instituto Patria cuya principal referente es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Es un marco legal para la expropiación”, advirtió la oposición, que sostiene que la normativa permitiría apropiarse de parcelas bajo figuras administrativas ambiguas y sin garantías suficientes para los propietarios.

Otros concejales de la oposición (bloque PRO / JxC) también se manifestaron en términos similares —en los debates Concejo Deliberante alertando sobre “expropiaciones encubiertas”, creación de un “banco de tierras” y pérdida de garantías para los propietarios.

La reacción a la nueva tasa municipal fue inmediata: los comerciantes enviaron una carta formal al municipio advirtiendo que la tasa “incrementa los costos, distorsiona precios y afecta la competitividad”, además de cuestionar que haya sido aplicada “sin información clara, sin consulta previa y sin un estudio técnico que justifique la carga adicional”. En el mismo texto, reclamaron su derogación y alertaron por el deterioro económico que podría generar en pequeñas y medianas empresas del distrito.

El documento enviado al municipio es un golpe directo a la línea de flotación política del intendente. No es un texto técnico: es un llamado de alarma. Allí las cadenas advierten sobre “graves perjuicios para los vecinos”, “problemas operativos severos”, falta de estándares mínimos, imposibilidad de tener información previa sobre los montos y un aumento que “se traslada de inmediato al consumidor”.

Los productos y rubros alcanzados por el impuestazo son:

-Productos de higiene personal y limpieza

-Materiales de construcción

-Servicios gastronómicos

-Supermercados, mayoristas y comercios de cercanía

Sucede que la polémica tasa:

-Aumenta el costo operativo de comerciantes y proveedores.

-Se aplica de manera automática a través de declaraciones juradas.

-Puede encarecer productos esenciales y aumentar la inflación local.

Asociación de Supermercados Unidos (ASU) — fueron quienes enviaron la carta de rechazo al municipio.

Cámara de Comercio de Pilar (o al menos un bloque gremial/comercial local) — desde ese sector se manifestó la preocupación por lo que definen como “distorsión competitiva” y aumento de costos para el consumidor.

Desde su cuenta oficial en X apuntó directamente al intendente kirchnerista y llamó a los consumidores a evitar comprar en el distrito:

Caputo ya había cuestionado la medida días antes, también por redes sociales: “Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.

Fuente: 1765387677