14/02/2025
El Gobierno denunció penalmente las irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades indígenas
Fuente: telam
Lo hizo a través de Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Señalan falta de rendiciones y de controles, y que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados se usaron para pagarles a abogados que litigaron contra el Estado
>Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal “para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos auto identificados como organizaciones indígenas”. Entre los apuntados se encuentran las organizaciones mapuches designadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei. En la documentación presentada por el funcionario constan las dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), adelantadas por Infobae.
“Desde el 10 de diciembre de 2023 se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del Estado Nacional”, recuerda el funcionario en su presentación de seis fojas, y remarca que dentro de ese marco ordenó “un exhaustivo relevamiento de los programas y acciones ejecutivas de este organismo descentralizado”.
Entre dichas irregularidades se observa la rendición de los subsidios a la Organización Malaweche de la provincia de Mendoza, “que utiliza la personería Comunidad Mapuche Lof Malal”, desalojada por usurpación de tierras en esa provincia. Fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos “sin control” y sin el resultado que se espera lograr a través de esos fondos: la regularización territorial.
Las dos auditorías de la SIGEN revelaron graves irregularidades en millonarios subsidios girados a comunidades mapuches que usurpan tierras. Entre ellas, a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), designada como organización “terrorista”. Se destaca que algunos subsidios no llegaron a las organizaciones que se suponía que lo habían solicitado. También que se usaban para pagar a abogados.
El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue calificado por Avruj como una “obscenidad” y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para que los defendieran en las causas en que eran imputados por diversos delitos”.La Agrupación Mapuche Linares, en Neuquén; Lof Malal Pincheira, en Mendoza; y, entre otras, Lafken Winkul Mapu, en la provincia de Río Negro, también recibieron subsidios por más de seis millones de pesos. Tienen conflictos por tierras en Malargüe; en la región mendocina de La Payunia, donde hay interés por la exploración de hidrocarburos y desarrollo ganadero; en Vaca Muerta; en Neuquén, donde hay tierras en disputa en áreas donde operan empresas petroleras, especialmente en la Cuenca Neuquina, como YPF y Tecpetrol; y en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro.
Las dos auditorías son un rosario de falencias e irregularidades al momento de firmar los convenios y su posterior control y rendición de cuentas.Algo similar ocurrió con el convenio por $1.770.000, también para supuestos servicios jurídicos a la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi. En este caso, los auditores establecieron que:
- Uno de los casos en que las comunidades mapuches contrataban abogados a los que pagaban con el dinero de estos subsidios es el caso de las parcelas liberadas en el Parque Nacional Los Alerces tras cinco años de ocupación.
Hay una pregunta que no le corresponde responder a la SIGEN: ¿dónde están y quién o quiénes se quedaron con los millones de estos tres convenios?
El informe de auditoría N° 11/2023 de la Unidad de Auditoría Interna del INAI también detectó graves falencias en el seguimiento y control de las causas judiciales en las que el organismo es parte.Según el informe, la Dirección tenía 31 expedientes judiciales principales y 11 expedientes incidentes vinculados, de los cuales 16 tenían un movimiento frecuente y constante. Sin embargo, la documentación de respaldo sobre el estado de estos casos no fue suministrada a los auditores.
El Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) es de uso obligatorio para los organismos públicos que representen al Estado en juicios, según el artículo 2 del Decreto 1116/2000 y la Ley N° 25.344. No obstante, el informe revela que la Dirección no utiliza este sistema para registrar y hacer seguimiento de sus litigios.Infobae pudo saber por fuentes judiciales que algunas de esas causas con “sentencias no firmes” por casi $700 millones son, entre otras:
- Para subsanar estas graves deficiencias, los auditores de la SIGEN les recomendaron a los funcionarios de La Libertad Avanza a cargo del INAI, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete, en cabeza de Guillermo Francos, implementar el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), una plataforma electrónica desarrollada por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo objetivo es centralizar la información sobre juicios en los que el Estado Nacional es parte.
Las dos auditorías de la SIGEN, que abarcan el período entre los años 2021 y 2023, determinaron que durante el gobierno de Alberto Fernández se entregaban subsidios sin control y criterios de selección. Entre otros aspectos, los informes destacan:
- La auditoría analizó cinco expedientes de subsidios otorgados en el marco del Programa de Fortalecimiento Comunitario. En todos ellos se encontraron omisiones en el procedimiento administrativo. Según el Anexo I del informe de auditoría N° 11/2023, en el ejercicio 2021 se otorgaron un total de $11.555.000 en subsidios dentro del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Estos subsidios fueron destinados a 11 comunidades indígenas, con montos que oscilaron entre $400.000 y $1.680.000 por beneficiario.
Hasta la fecha del informe, $23.003.000 se encuentran pendientes de rendición de cuentas, incluyendo:
- Según el Informe de Auditoría N° 08/2024 UAI-INAI, los fondos transferidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario tenían como objetivo principal financiar servicios jurídicos para las comunidades indígenas. El programa, creado por la Resolución INAI N° 235/04, por la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, durante la presidencia de su hermano Néstor Kirchner, permitía a las comunidades acceder a subsidios para:
- Como ejemplo de estas irregularidades, la SIGEN describió cuatro casos sobre “montos transferidos y pendientes de rendición”. Los expedientes señalados suman un total de $37.270.000 en transferencias a comunidades indígenas:
- De los $37.270.000 transferidos, $9.264.000 aún no han sido rendidos por las comunidades o entidades administradoras.
Claudio Avruj, designado por Javier Milei como titular del INAI, justificó la disolución del cuestionado Programa de Fortalecimiento Comunitario de esta manera: “Fue un programa que fue creado 20 años atrás cuando el INAI estaba en Desarrollo Social de Alicia Kirchner. Se dieron subsidios a muchísimas organizaciones: la cultura del subsidio. Tenía por finalidad que reciban dinero para poder contratar abogados para poder defenderse ante distintas situaciones. Ese programa nunca cumplió su objetivo y se lo convirtió en una sesión de dinero del Estado Nacional para que las comunidades contrataran abogados que terminan litigando contra el Estado”.
Fuente: telam
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