En relación a este suceso que conmovió a la provincia del Chaco, días atrás se conoció la información de que el responsable de este salvaje hecho criminal había contraído matrimonio civil con una mujer oriunda de la localidad de Quitilipi lo que generó una encendida polémica en la opinión pública.

A raíz de este acontecimiento uno de los jueces del Tribunal que dictó la máxima condena contra Tevez, planteó ante sus pares su disconformidad de que se le otorgue al femicida el beneficio de "visitas íntimas o higiénicas", como se las denomina en el ámbito carcelario, hasta tanto no se implemente un protocolo específico que sea adecuado para afrontar como corresponde este tipo de casos.

Sobre el particular, el camarista Lineras visibilizó su preocupación señalando que "la situación debe ser analizada no tanto desde la posición del detenido, sino principalmente desde la perspectiva de la mujer cuya integridad psicofísica e incluso su vida corre peligro cierto y objetivo durante este tipo de visitas". Cabe señalar en este punto que a nivel nacional hubo varios casos donde durante una visita íntima un femicida volvió a atacar a una mujer.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
"Lo que estoy pidiendo no es algo antojadizo ni descabellado", dijo Lineras al mencionar que su pedido tiene que ver con la pronta instrumentación de un protocolo de actuación que sea útil para prevenir hechos desgraciados que después habrá que lamentar. Sostuvo además que dicho protocolo deber ser consensuado entre todos los actores involucrados en esa problemática como son jueces, fiscales, autoridades del misterio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Policía, Secretaría de Genero y derechos Humanos, Comité contra la Tortura, así como entidades intermedias comprometidas en la materia.

Mencionó que el protocolo en cuestión sería aplicable exclusivamente a privados de la libertad acusados de delitos de femicidio, tentativa o cualquier grave atentado delictivo cometido contra la integridad psicofísica de una mujer en contexto o por razón de género tengan o no condena firme.  Consideró que "como mínimo debería exigirse una Junta Medica Psiquiátrica o Psicológica que evalúe exhaustivamente al detenido para establecer si representa algún peligro para terceras personas".

Lineras considera además que "la mujer que pretenda acceder a la visita íntima tendría que recibir primeramente el asesoramiento de un organismo interdisciplinario especializado en Violencia de género a los fines de que pueda disponer de toda la información necesaria antes de pasar a exponerse a una potencial situación riesgosa para sí misma. De esta forma se podría verificar con la mayor certeza posible que la mujer no esté siendo víctima de coacción o manipulación que vicie su libre consentimiento".

Aclaro en este punto que "ni la mujer ni el detenido serían obligados a someterse a este procedimiento, pero en tal hipótesis parece evidente que no calificarían como aspirantes a esta clase de visitas. Todo esto sin perjuicio de las herramientas tecnológicas idóneas que permitan al personal encargado de la custodia y vigilancia actuar de inmediato ante un cuadro de emergencia que se pueda estar produciendo dentro el recinto destinado para las visitas íntimas. A esto habría que sumar la aprobación del Consejo Correccional o Disciplinario del establecimiento donde se lleva a cabo la atención seguida de la expresa autorización del órgano judicial competente con intervención de las partes interesadas en el supuesto de denegación del permiso", concluyó.