“Tenemos un compromiso con la planificación e implementación de políticas públicas en favor del medioambiente. Por eso, junto a miembros de los tres poderes del Estado, firmamos el Acta de Acuerdo Adhesión a la Ley Yolanda”, destacó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Así, aseguró que la Ley N° 27.592 “nos va garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible de quienes se desempeñan en la función pública”. “Es indispensable generar procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia ambientes de vida sustentables,  con equidad, justicia social y respeto por la diversidad biológica y cultural”, concluyó.

Finalmente, Captanich comentó que la provincia del Chaco, mediante el Plan de Desarrollo Territorial y Ambiental, prevé la implementación de planes y programas para un Chaco Sostenible. “Con una agenda de trabajo para posicionarnos como potencia ambiental, con un desarrollo sostenible de la actividad productiva. La educación ambiental es la piedra angular para generar la conciencia y el consenso social necesario para garantizar el éxito de las políticas públicas sostenibles a lo largo del tiempo”, cerró.

La Ley Yolanda apunta a garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático. Está destinada a quienes se desempeñan en la función pública con el objetivo de que consideren la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas, poniendo foco en la gestión racional de los bienes naturales y en la construcción de acciones que redunden en beneficio de la naturaleza. Para ello, propende a la incorporación de valores ambientales como horizonte de una sociedad ecológicamente equilibrada y sostenible, mediante capacitaciones obligatorias en todas las áreas del Estado.

Compromisos del Poder Judicial

En tal sentido, el Poder Judicial se compromete a:

- Designar representantes o áreas de capacitación quienes serán el vínculo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente para brindar información y realizar un acompañamiento a los procesos de construcción de la propuesta formativa para el órgano.

- Realizar un informe anual sobre los avances en el cumplimiento de la Ley Yolanda que elevará a la máxima autoridad provincial y a la SDTyA.

- Participar del esquema de capacitaciones obligatorias e instar a jueces a participar de las mismas.

- Las máximas autoridades judiciales implementarán la colaboración de sus áreas para garantizar la realización de las capacitaciones  dentro del año de la entrada en vigencia de la ley 3.338-R.

- Certificar en forma conjunta con la SDTyA, y las instituciones a cargo de las propuestas formativas, los procesos de capacitaciones que se lleven a cabo en el seno del Poder Judicial en cumplimiento de la ley.

Un poco de historia

La ley  nacional 27.592 adoptó su nombre en homenaje a Yolanda Ortíz, quien en 1973 se convirtió en la primera mujer argentina y de América Latina en ocupar el cargo de Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.

Esta norma tiene como finalidad poner en valor la importancia de la sensibilización, capacitación, concientización en temas ambientales  a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías de los tres poderes de Estado. El objetivo central es generar procesos orientados a la construcción de valores, de conocimientos y de actitudes que, en conjunto, posibilitan formar capacidades que conduzcan hacia ambientes de vida sustentables, sobre la base de la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural.