“La materialización del derecho a la verdad demanda la preservación de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y la creación de sitios de memoria. Para que esto resulte entendemos es necesario insertarse en la red nacional de memoria, posibilitando el desarrollo de un trabajo conjunto que potencie los recursos disponibles en la lucha contra el olvido. La Ley N° 1412-A ha sentado las bases del compromiso del Estado provincial, es preciso profundizarlo” argumenta la autora de la iniciativa.

A su vez remarca que “la impunidad y el olvido consagrados por el Estado, la falta de justicia, el autoritarismo en el gobierno por violaciones al estado de derecho, afectan la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Debemos ejercitar la memoria y el derecho a la verdad sobre el Terrorismo de Estado en pos de construcción de una sociedad más justa” concluyó Cubells.

“El reconocimiento de los lugares en los que se concretó el terrorismo de Estado y la realización de actividades que promuevan el conocimiento reflexivo de estos hechos son concernientes al derecho a la verdad. Este derecho, que en nuestra provincia está protegido por la Ley 1412-A, posee dos importantes dimensiones de influencia: la individual, que comprende a ‘las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares a conocer la verdad de lo ocurrido, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que estos se produjeron’ y la dimensión social o colectiva ‘ligada al derecho de los pueblos a conocer su pasado para así construir una memoria histórica y resguardarse para el futuro’ (MERCOSUR, Principios fundamentales para las políticas públicas de los Sitios de Memoria)” reflexionó.